Un empresario ha sido acusado de delito contra los derechos de los trabajadores tras reconocer las irregularidades que cometió en la contratación de un trabajador.
El hombre dueño de una granja de Gozón se dedicaba a la cría de caballos y al negocio de la hípica y en julio de 2017 contrató a un trabajador para el puesto de peón agrícola con un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción a tiempo parcial con una jornada semanal de 30 horas semanales.
Según ha informado la Fiscalía en nota de prensa, la vista oral estaba señalada esta mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.
No comunicó el contrato ni dió de alta al Trabajador en la Seguridad Social
El acusado, aprovehcando que la persona se encontraba en situación irregular y precaria y que necesitaba el trabajo para poder subsitir, no presentó el contrato de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ni tampoco dio de alta al trabajador en la Seguridad Social.
De forma que se ahorra la cotización que debia aportar por el trabajador, dejando al empleado sin protección en caso de enfermadad o accidente.
Dado que no le hizo contrato de trabajo legal, para no dejar constancia también pagaba el salario del trabajador en mano, unos 500 euros al mes.
Tampoco respetaba los descansos del trabajador
Además de incumplir las sus obligaciones empresariales en el ambito laboral, tampoco respetaba los derechos de su trabajador en cuanto a los descansos entre jornadas.
Le hacía trabajar sin horario fijos, sin descansos y en algunas ocasiones en jornadas de día y parte de la noche.
Es más, el hombre vivía en el luar de trabajo y dormina en algunas ocasiones en las cuadras, que no estaban en adecuadas condiciones de higiene y salubridad.
Despido a los 6 meses
Tras 6 meses prestando servicios en estas pesimas condiciones laborales, el trabajador fue despedido tras comunicarle verblamente el dueño de la finca que ponía fin a la relación laboral, sin ningún aviso previo.
Delito contra los derechos de los trabajadores
Esta situación laboral generó al trabajador unos perjuicios económicos valorados en 6.500 euros.
Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores. El dueño de la finca, tras conocer la acuasción ha aceptado una condena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 6 meses, con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, junto con el abono de 1.400 euros en concepto de costas.
Además, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la Tesorería de la Seguridad Social en las cantidades que dejó de ingresar por la falta de alta del trabajador en el régimen general de la Seguridad Social y al hombre con 6.500 euros, todo ello, más los intereses legales correspondientes.