El próximo martes, en el Consejo de Ministros, el Gobierno llevará el nuevo Real Decreto que brindará de nuevos derechos a las empleadas del hogar, con el objetivo de seguir equiparando sus condiciones laborales con el resto de trabajadores.
Esta normativa, que comenzó a negociarse en mayo de 2024, incluye medidas clave en materia de prevención de riesgos laborales y protección sanitaria, una promesa del Gobierno tras aprobar por imposición de Europa el derecho de estas empleadas del hogar a cobrar prestación por desempleo.
Evaluación de riesgos laborales online
Uno de los cambios más significativos es la obligación para los empleadores de realizar una evaluación de riesgos laborales en el domicilio. Esta evaluación, que deberá realizarse a través de una herramienta online proporcionada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), tiene como objetivo identificar y minimizar los riesgos que las empleadas del hogar pueden enfrentar en su lugar de trabajo, es decir, en los hogares particulares. Aunque no se ha establecido un plazo concreto para la implementación de esta herramienta, se espera que sea de fácil acceso y manejo para los empleadores. Esta normativa busca asegurar que las trabajadoras domésticas desempeñen su labor en un entorno seguro, siguiendo pautas claras de prevención de riesgos.
Revisiones médicas gratuitas
Además, la normativa concederá a las empleadas del hogar el derecho a una revisión médica gratuita. Esta medida está diseñada para velar por la salud de las trabajadoras, muchas de las cuales pueden estar expuestas a riesgos físicos por el tipo de labores que realizan. Esta atención sanitaria será proporcionada por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no representará un coste adicional.
Formación y protección frente al acoso
Otro de los aspectos destacados es la formación financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FSP), con el fin de mejorar las competencias de las trabajadoras del hogar. Además, se introducirá un protocolo específico para prevenir la violencia y el acoso en el entorno laboral doméstico, lo cual refuerza la protección de estas trabajadoras, muchas de ellas mujeres y en gran parte inmigrantes, frente a situaciones de vulnerabilidad.
La Inspección de Trabajo estará limitada para verificar el cumplimiento de las normativas en riesgos laborales
Un aspecto que ha generado críticas por parte de los sindicatos es la falta de acceso de la Inspección de Trabajo a los domicilios. Dado que la Constitución Española, recoge en su artículo 18 la inviabilidad del domicilio, los inspectores no podrán acceder al interior de la vivienda para verificar el cumplimiento de las normativas de riesgos laborales.
Esto provocará, al no poder la Inspección constatar de primera mano que se cumplen estás normativa, una disminución en la protección efectiva frente a infracciones laborales.