La inteligencia artificial vuelve a sentarse en el banquillo de la Justicia. Esta vez, no ha sido un juez quien decidió usar la IA para redactar una sentencia, sino un abogado laboralista que presentó un recurso plagado de sentencias inexistentes, citas inventadas y referencias jurídicas falsas.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le ha abierto una pieza separada por posible mala fe procesal tras detectar hasta 24 referencias judiciales falsas y sospechar que el escrito pudo haberse elaborado con inteligencia artificial generativa sin verificar posteriormente su contenido. El resultado fue un documento que incluía jurisprudencia que nunca existió y extractos atribuidos a tribunales que jamás pronunciaron esas palabras.
Todo comenzó con un procedimiento sobre incapacidad temporal
El caso tiene su origen en un recurso de suplicación presentado por la defensa de un trabajador dentro de un procedimiento relacionado con la determinación de una incapacidad temporal.
Al analizar los argumentos jurídicos aportados, los magistrados empezaron a encontrar irregularidades. Algunas sentencias citadas no existían. Otras eran autos judiciales presentados como si fueran sentencias. También aparecían resoluciones reales, pero relacionadas con asuntos completamente distintos al caso.
Lo más llamativo fue que varios párrafos aparecían entrecomillados como si procedieran de resoluciones del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional cuando, en realidad, esos textos nunca habían sido escritos por dichos tribunales.
Por qué el tribunal sospecha que utilizó inteligencia artificial
La resolución dedica varias páginas a analizar el contenido del recurso y la forma en que fue redactado.
Los jueces explican que el escrito presenta una estructura compatible con el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Además, identificaron numerosas referencias jurídicas que resultaron ser falsas o no guardaban relación con el asunto discutido.
La Sala habla de “múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido o directamente inventadas”, una circunstancia que considera difícil de explicar sin la intervención de este tipo de herramientas.
En total, los magistrados detectaron 24 referencias incorrectas o falsas repartidas a lo largo del recurso.
Entre ellos aparecen sentencias que en realidad eran autos, recursos cuyos números no coincidían con las resoluciones citadas, referencias a procedimientos sobre despidos utilizadas para fundamentar cuestiones relacionadas con enfermedades profesionales o incluso decisiones judiciales que simplemente no existen.
Para el tribunal no se trata de errores puntuales. La reiteración de las falsedades es precisamente lo que ha llevado a abrir una pieza separada para estudiar posibles responsabilidades.
El tribunal apunta a una actuación negligente del abogado
Para los magistrados, el problema no es el posible uso de inteligencia artificial, sino la forma en que se utilizó.
La sentencia sostiene que el abogado incorporó al recurso referencias jurídicas sin comprobar previamente si las resoluciones existían realmente o si los textos atribuidos a distintos tribunales eran auténticos.
La Sala recuerda que cualquier profesional del Derecho tiene la obligación de revisar y contrastar las fuentes que utiliza antes de presentar un escrito judicial.
Por ello, considera que la actuación refleja una “falta de diligencia notoria” y reprocha al letrado haber confiado en información que nunca verificó.
Los jueces incluso contemplan una posibilidad más grave y es que las referencias falsas hubiesen sido inventadas deliberadamente. No obstante, descartan inicialmente esa hipótesis y consideran más probable que el recurso se elaborase con ayuda de inteligencia artificial sin una revisión adecuada de su contenido.
El abogado será investigado
Además de desestimar el recurso presentado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha acordado abrir una pieza separada para determinar si el comportamiento del letrado puede ser constitutivo de mala fe procesal.
Será en ese procedimiento donde se analice si procede exigir algún tipo de responsabilidad por la presentación de un escrito que contenía referencias jurídicas falsas.