El Congreso de los Diputados ha desestimado este martes la enmienda de Vox contra la ley que elimina el despido automático en casos de incapacidad permanente. Esta ley modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, permitiendo que las personas con incapacidad permanente puedan optar por mantener su empleo, solicitando una adaptación del puesto o el cambio a otro. Solo 33 diputados apoyaron el veto, frente a los 315 votos en contra.
Argumentos de Vox
Vox está en contra de esta ley porque considera que realmente no beneficia ni al trabajador ni al empleador. Según Juan José Aizcorbe, diputado del partido, la normativa sobrecarga a las empresas, obligándolas a buscar alternativas para empleados con incapacidades que, según ellos, no serían productivos. Además, señalaron que con esta ley se pretende trasladar la responsabilidad económica desde la Seguridad Social a las empresas y así ahorrarse las prestaciones por incapacidad.
Defensa del Gobierno
Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, defendió la ley, asegurando que promueve la integración laboral de personas con discapacidad y criticó la visión paternalista de Vox. Para Díaz, la ley representa un avance en los derechos de este colectivo.
Vox no quiere que prohibamos el despido de las personas con discapacidad porque para ellos las personas con discapacidad “suponen una carga”.
Las personas no somos ninguna carga, somos seres humanos con derechos. pic.twitter.com/BZGZkuQucy
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) October 22, 2024
Postura de otros partidos
Partidos como el PP y el PSOE rechazaron la enmienda, aunque el PP criticó la falta de diálogo social en el proceso de elaboración del proyecto. Tanto ERC como Sumar y otras formaciones defendieron que la ley responde a una necesidad social de garantizar derechos laborales a personas con discapacidades, promoviendo su integración en el trabajo.
El trabajador decidirá si quiere mantener su puesto
El proyecto de ley contempla que en el plazo de un mes de recibir la notificación de la incapacidad el trabajador tendrá que elegir si quiere mantener su puesto o bien poner fin a la relación laboral.
En el caso de querer mantener su puesto, la empresa dispone de tres meses para cumplir con la solicitud, adaptando su puesto o recolocando al trabajador en otro que se adapte a su nueva situación. En el caso de que no sea posible, porque esta adaptación suponga un coste elevado para la empresa, se podrá justificar la extinción del contrato.