Desde el 1 de enero de 2024, todos los alumnos que realizan prácticas ya sean remuneradas como si no, cotizan a la Seguridad Social, una medida que para muchos antiguos alumnos que ya las realizaron antes de la entrada en vigor era algo injusto. En este sentido, la Seguridad Social no quiso dejar atrás a estos antiguos becarios y también incluyó que estos pudieran recuperar hasta 5 años de cotizaciones por sus prácticas a través de un convenio especial
Sin embargo, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado la orden ISM/386/2024, quedaba claro que este convenio especial implicaba que serían los propios exalumnos los que tendrían que abonar de su propio bolsillo sus cotizaciones, al igual que hacen los trabajadores autónomos o quienes firman el convenio especial con la Seguridad Social.
Los sindicatos de UGT y CCOO han manifestado las quejas sobre este aspecto que consideran discriminatoria, ya que las prácticas no remuneradas de los becarios está bonificada al 95% por la Seguridad Social. De modo que los alumnos que ahora no cobran en sus prácticas están cotizando gracias a la cobertura del sistema público y, sin embargo, exige el pago a los antiguos alumnos.
Para ser exactos, estos periodos se cotizan por la base mínima (1.323 euros) a la que se le aplica un coeficiente reductor del 0,77, lo que se traduce que por cada mes que se quiera recuperar hay que pagar 290 euros.
Incluso los actuales becarios en prácticas que sí tienen remuneración pagarían menos como aporte a su cotización.
Rebajar el coste y ampliar los años
Por este motivo, se pide que, al igual que ahora, los alumnos que no cobran están cotizando gracias a la cobertura del sistema público, se pide que se haga lo mismo con los que quieran recuperar estos años de cotización. La Seguridad Social no ha respondido nada concreto en este aspecto, pero sí deja la puerta abierta a modificar y rebajar el coste para las personas que quieran recuperar años cotizados por sus prácticas.
La Seguridad Social también se plantea ampliar el periodo máximo de años a recuperar, que quedó fijada en 5 años, pero que los sindicatos exigen que se amplíe hasta los 7 años.