El Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que permitirá la jubilación anticipada para trabajadores que desarrollan actividades especialmente peligrosas, insalubres o físicamente exigentes. Esta medida busca responder a las demandas de colectivos expuestos a condiciones laborales extremas.
Esta medida, tal y como ha señalado el Gobierno, no afectará al fondo de las pensiones, pues será financiada por los propios trabajadores y empresas con un extra en las cuotas a la Seguridad Social.
Aunque el objetivo es permitir el retiro sin penalizaciones económicas, existen límites. Por ejemplo, no se podrá aplicar un coeficiente reductor que permita jubilarse antes de los 52 años. Además, una vez jubilado, el trabajador no podrá continuar en la misma actividad que originó la jubilación anticipada.
Hasta ahora, colectivos como los mineros, bomberos, policías locales, personal de vuelo o profesionales taurinos podían retirarse antes sin recortes en sus pensiones. Ahora, este sistema se extiende a más profesiones bajo condiciones similares, pero con un modelo de financiación compartido.
📜Aprobado el procedimiento que permitirá anticipar la jubilación en actividades penosas y peligrosas si no se pueden modificar las condiciones de trabajo.
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— Atención a la ciudadanía de @inclusiongob (@incluinfo) May 27, 2025
Tendrán que pagar una cuota extra a la Seguridad Social
El coste de estas jubilaciones anticipadas no recaerá en el conjunto del sistema de pensiones, sino en los propios colectivos beneficiarios. El decreto establece una cuota adicional a la Seguridad Social que se aplicará sobre la base de cotización por contingencias comunes. Esta sobrecotización será compartida entre empresa y trabajador, o asumida en su totalidad por el autónomo, dependiendo del caso.
La cuantía exacta de esta cuota extra se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Un ejemplo actual es el de los policías locales, que ya cuentan con una cotización adicional del 10,6%, financiada en su mayor parte por los ayuntamientos.
¿A quién afecta esta medida?
El decreto está enfocado a sectores donde la actividad profesional sea de naturaleza especialmente penosa, tóxica o insalubre, y donde se registren altos niveles de morbilidad, siniestralidad o mortalidad. También se aplicará a trabajos con exigencias psicofísicas que se vuelven inviables a cierta edad.
Para evaluar la elegibilidad, el Gobierno utilizará indicadores como la incidencia de bajas laborales y fallecimientos, y elaborará un informe que tendrá en cuenta variables como edad, sexo, rotación laboral o tamaño de la empresa. La jubilación anticipada solo será aplicable tras solicitud de las patronales, sindicatos, autónomos o Administraciones Públicas.