La nueva medida para anticipar la edad de jubilación en actividades especialmente peligrosas conlleva una subida en las cuotas a la Seguridad Social

El Gobierno aplicarĆ” cuotas extra a empresas y empleados para financiar jubilaciones anticipadas en trabajos de alto riesgo.

El Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que permitirÔ la jubilación anticipada para trabajadores que desarrollan actividades especialmente peligrosas, insalubres o físicamente exigentes. Esta medida busca responder a las demandas de colectivos expuestos a condiciones laborales extremas.

Esta medida, tal y como ha seƱalado el Gobierno, no afectarƔ al fondo de las pensiones, pues serƔ financiada por los propios trabajadores y empresas con un extra en las cuotas a la Seguridad Social.

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Aunque el objetivo es permitir el retiro sin penalizaciones económicas, existen límites. Por ejemplo, no se podrÔ aplicar un coeficiente reductor que permita jubilarse antes de los 52 años. AdemÔs, una vez jubilado, el trabajador no podrÔ continuar en la misma actividad que originó la jubilación anticipada.

Hasta ahora, colectivos como los mineros, bomberos, policías locales, personal de vuelo o profesionales taurinos podían retirarse antes sin recortes en sus pensiones. Ahora, este sistema se extiende a mÔs profesiones bajo condiciones similares, pero con un modelo de financiación compartido.

TendrƔn que pagar una cuota extra a la Seguridad Social

El coste de estas jubilaciones anticipadas no recaerÔ en el conjunto del sistema de pensiones, sino en los propios colectivos beneficiarios. El decreto establece una cuota adicional a la Seguridad Social que se aplicarÔ sobre la base de cotización por contingencias comunes. Esta sobrecotización serÔ compartida entre empresa y trabajador, o asumida en su totalidad por el autónomo, dependiendo del caso.

La cuantía exacta de esta cuota extra se fijarÔ anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Un ejemplo actual es el de los policías locales, que ya cuentan con una cotización adicional del 10,6%, financiada en su mayor parte por los ayuntamientos.

¿A quién afecta esta medida?

El decreto estÔ enfocado a sectores donde la actividad profesional sea de naturaleza especialmente penosa, tóxica o insalubre, y donde se registren altos niveles de morbilidad, siniestralidad o mortalidad. También se aplicarÔ a trabajos con exigencias psicofísicas que se vuelven inviables a cierta edad.

Para evaluar la elegibilidad, el Gobierno utilizarÔ indicadores como la incidencia de bajas laborales y fallecimientos, y elaborarÔ un informe que tendrÔ en cuenta variables como edad, sexo, rotación laboral o tamaño de la empresa. La jubilación anticipada solo serÔ aplicable tras solicitud de las patronales, sindicatos, autónomos o Administraciones Públicas.

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