El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la incapacidad permanente absoluta a una diseñadora gráfica de 57 años afectada por secuelas persistentes tras haber contraído Covid-19. Esta decisión obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonarle una pensión completa del 100% de su base reguladora, que asciende a 1.889,92 euros mensuales.
Síntomas debilitantes y fallos judiciales previos
La trabajadora, empleada en el Boletín Oficial de la provincia, empezó a padecer síntomas graves desde agosto de 2021, cuando contrajo Covid-19. Desde entonces, ha sufrido cefaleas crónicas de carácter diario y resistentes a los tratamientos, lo que afecta gravemente su capacidad de concentración. Además, presenta un déficit cognitivo y trastorno adaptativo, que le dificultan mantener la atención y la memoria, y le impiden manejar situaciones de alta responsabilidad o estrés.
El tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia 648/2024, ha reiterado que las tareas propias de su profesión, como diseñadora de gráficos y multimedia, requieren un alto grado de concentración y uso intensivo de pantallas, lo que se ve gravemente afectado por los síntomas. Los jueces subrayaron que estos problemas son consistentes con los perfiles neuropsicológicos de pacientes que han padecido déficit cognitivo tras la infección por Covid.
Justificación del fallo judicial
El TSJ también señaló que el padecimiento continuo de cefaleas hace «ilusorio» un desempeño laboral ordinario sin un sacrificio extraordinario, ya que implicaría trabajar en condiciones de malestar y dolor casi permanente. Por ello, avalaron la decisión previa del Juzgado de lo Social de Burgos, que ya había reconocido la incapacidad permanente absoluta de la diseñadora. El INSS había presentado un recurso contra esta decisión, pero fue desestimado por el tribunal.
Este caso resalta las dificultades que enfrentan las personas con Covid persistente y cómo la justicia está empezando a reconocer estas secuelas a largo plazo como causas justificadas de incapacidad laboral completa.