La disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre han dejado sin aprobar el Proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, más conocido como el «Estatuto del Becario». La norma, que pretendía evitar que las empresas utilizaran estudiantes en prácticas para cubrir puestos de trabajo sin contratarlos, tendrá que volver a presentarse en la próxima legislatura si se quiere sacar adelante.
El adelanto electoral pone así fin a cuatro años de negociaciones y 18 ampliaciones del plazo de enmiendas en el Congreso de los Diputados. El proyecto había llegado a la Cámara Baja en marzo de 2026, pero nunca superó la fase de enmiendas.
La disolución de las Cortes deja sin aprobar una ley que llevaba cuatro años negociándose
El Gobierno dio el último paso para intentar aprobar esta reforma el 3 de marzo de 2026, cuando el Consejo de Ministros acordó remitir el proyecto al Congreso. La iniciativa se registró dos días después y comenzó su recorrido parlamentario con un primer plazo de enmiendas que terminaba el 31 de marzo. Sin embargo, las sucesivas ampliaciones impidieron que el texto avanzara y, cuando llegó octubre, acumulaba ya 18 prórrogas sin haber llegado a votarse.
La convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre puso fin a la tramitación del proyecto de ley después de que el Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre, disolviera el Congreso y el Senado. Con el final de la legislatura, los proyectos de ley que seguían pendientes de aprobación decaen, incluido el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, que tendrá que volver a presentarse en la próxima legislatura si se quiere aprobar. Por tanto, la reforma tendrá que comenzar de nuevo su recorrido parlamentario si el próximo Gobierno decide recuperarla. No bastará con retomar las enmiendas pendientes ni con continuar desde el punto en el que quedó.
Las negociaciones para sacar adelante esta reforma comenzaron en la primavera de 2022, cuando el Ministerio de Trabajo abrió las conversaciones con los sindicatos y las organizaciones empresariales. Después de varios meses de reuniones y cambios en el texto, en junio de 2023 el departamento dirigido por Yolanda Díaz alcanzó un acuerdo con CCOO y UGT, aunque sin el respaldo de la patronal. A las diferencias con los empresarios se sumaron las discrepancias dentro del propio Gobierno, lo que impidió que la iniciativa siguiera avanzando.
La reforma quedó relegada durante los meses siguientes mientras el Ministerio de Trabajo centraba sus esfuerzos en otras medidas, especialmente en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales (que tampoco salió adelante). Tras el rechazo parlamentario de esta última iniciativa, el Gobierno recuperó el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en noviembre de 2025, después de más de dos años sin avances. Sin embargo, el nuevo impulso tampoco fue suficiente para sacar adelante una norma que ha terminado la legislatura sin llegar a someterse a una votación definitiva.
Qué cambios iban a tener los estudiantes en prácticas con esta ley
La principal finalidad del proyecto era separar las prácticas que realmente sirven para aprender una profesión de aquellas en las que un estudiante termina realizando el trabajo de un empleado. Según el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, cuando las tareas de una persona en formación sustituyeran las funciones de un puesto de trabajo o no estuvieran relacionadas directamente con sus estudios, se presumiría que existe una relación laboral.
El proyecto también establecía nuevas obligaciones para las empresas y una serie de garantías destinadas a evitar abusos durante las prácticas. Entre las medidas que no llegarán a entrar en vigor con esta iniciativa figuraban las siguientes.
- Los estudiantes tendrían derecho a que las empresas les compensaran los gastos derivados de las prácticas, como el transporte, el alojamiento o la manutención, en las condiciones establecidas en el proyecto de ley.
- Las empresas no podrían exigir ningún pago a los estudiantes para acceder a unas prácticas, evitando así que tuvieran que pagar por recibir formación en un entorno de trabajo.
- Para garantizar que las prácticas tuvieran una finalidad formativa, cada estudiante contaría con dos tutores, uno en la empresa y otro en el centro educativo, encargados de supervisar su aprendizaje.
- Los convenios entre las empresas y los centros educativos tendrían que detallar las actividades formativas y la duración de las prácticas, de manera que quedara claro qué tareas debía realizar el estudiante durante su estancia.
- La reforma también pretendía limitar las prácticas extracurriculares, aquellas que se realizan fuera del plan de estudios obligatorio, para evitar que se prolongaran más allá de los límites establecidos.
- Las empresas que incumplieran las nuevas obligaciones se enfrentarían a sanciones económicas que, en los casos más graves, podrían superar los 250.000 euros.
Estas medidas buscaban evitar situaciones en las que una persona en prácticas acaba trabajando como cualquier otro empleado, pero sin disponer de las mismas condiciones laborales. La caída del proyecto impide incorporar ahora estas garantías adicionales, aunque no elimina los derechos que ya reconoce la legislación vigente
El adelanto electoral también deja pendientes otras reformas laborales
El Estatuto de las personas en formación práctica no laboral no es la única medida del Ministerio de Trabajo afectada por el final anticipado de la legislatura. La reforma de la normativa de prevención de riesgos laborales, que todavía no había completado su aprobación por el Consejo de Ministros, también queda pendiente. Lo mismo ocurre con la ampliación del permiso por fallecimiento de familiares a diez días, una propuesta negociada con los sindicatos que aún no se había convertido en norma.
Una situación diferente presenta el refuerzo del registro horario, cuya tramitación reglamentaria no requiere necesariamente pasar por el Congreso. El Ministerio de Trabajo había anunciado su intención de aprobarlo durante octubre, aunque su desarrollo dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno y del procedimiento que finalmente siga.