El Gobierno ha dado un paso más hacia el nuevo Estatuto del Becario. El Consejo de Ministros aprobó este martes, 4 de noviembre, el anteproyecto de ley que regulará las prácticas formativas no laborales en empresas e instituciones. No se trata todavía de la aprobación definitiva, sino del inicio del proceso que culminará cuando el texto regrese de nuevo al Consejo de Ministros tras los informes obligatorios y se publique en el BOE.
Aún no está en vigor
Fuentes del Ministerio de Trabajo han aclarado que esta aprobación supone una primera lectura, por lo que el Estatuto del Becario aún no está en vigor. Ahora el texto deberá pasar por distintos trámites y revisiones antes de su aprobación definitiva.
El objetivo es proteger a las personas en prácticas y evitar que las becas se utilicen como empleo encubierto, garantizando una experiencia formativa real y con derechos mínimos.
Las claves del Estatuto del Becario
- Las prácticas no pueden sustituir empleo. Solo se considerarán formativas si las tareas están vinculadas al plan educativo o de estudios. Si sustituyen funciones de un trabajador o no guardan relación con la formación, se presumirá que existe relación laboral.
- Límite de personas en prácticas. Las empresas no podrán tener más del 20% de la plantilla en prácticas al mismo tiempo. En los centros con menos de 30 trabajadores, el máximo será de tres personas en prácticas.
- Tutorización obligatoria. Cada tutor de empresa solo podrá tener a cinco personas en prácticas (o tres en empresas pequeñas), y deberá disponer de tiempo en su jornada para ejercer esa labor.
- Compensación de gastos. La norma no establece un salario, pero sí obliga a compensar los gastos derivados de las prácticas (transporte, manutención o alojamiento), salvo que ya estén cubiertos por otras ayudas.
- Derechos básicos garantizados. Las personas en formación tendrán derecho a descanso, festivos, vacaciones, prevención de riesgos laborales, igualdad de trato y protección frente a la violencia y el acoso. También podrán acceder a los servicios del centro de trabajo (comedor, aparcamiento, etc.) en las mismas condiciones que la plantilla.
- Inclusión en la Seguridad Social. Todas las personas en prácticas quedarán incluidas en el sistema de Seguridad Social, tal y como ya prevé la disposición adicional 52ª de la Ley General de la Seguridad Social.
- Refuerzo de la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo tendrá acceso a los convenios y planes formativos, y realizará campañas específicas para detectar fraudes o abusos.
- Régimen sancionador específico. Las empresas que incumplan estas normas podrán recibir sanciones que van desde los 70 euros por infracciones leves hasta los 225.000 euros en los casos más graves, especialmente en supuestos de discriminación o uso fraudulento.
Un compromiso pendiente desde la reforma laboral
La aprobación de este anteproyecto da cumplimiento a uno de los compromisos incluidos en la reforma laboral de 2021. El texto retoma el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT, aunque sin el respaldo de la patronal.
Según datos del Ministerio de Trabajo, en España hay más de 1,6 millones de personas en prácticas no remuneradas, y cerca de un 22% supera los 30 años, lo que muestra que no se trata solo de un fenómeno juvenil.
Próximos pasos
Tras esta primera aprobación, el anteproyecto deberá someterse a los informes preceptivos antes de su vuelta al Consejo de Ministros. Una vez aprobado definitivamente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que entrará en vigor.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que las prácticas deben tener siempre un fin formativo real, y no ser “trabajo barato” para las empresas.