La CEOE ha dado marcha atrás y ha decidido no recurrir la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, pese a que su presidente, Antonio Garamendi, había anunciado tres días antes que llevaría la protesta a los tribunales por considerarla una huelga «electoral» y no laboral. La patronal ha cambiado de postura después de que varios expertos advirtieran de las dificultades para demostrar que la movilización responde únicamente a motivos políticos.
La huelga tiene como principal objetivo la lucha por el acceso a la vivienda, iniciada tras los acontecimientos que surgieron tras el desahucio de Maricarmen, aunque los sindicatos también reclaman subidas salariales y avances en la negociación colectiva.
La CEOE cambia de postura tres días después de las advertencias de Garamendi
El cambio de postura llega apenas tres días después de que Antonio Garamendi anunciara que la CEOE impugnaría la huelga general por considerarla «electoral». Lo hizo el lunes 19 de octubre, coincidiendo con el registro oficial de la convocatoria en el Ministerio de Trabajo. Durante la clausura de los XXV Premios ATA, el presidente de la patronal aseguró que los sindicatos habían incorporado reivindicaciones laborales para intentar dar cobertura legal a una protesta que, a su juicio, perseguía fines políticos.
Garamendi llegó a afirmar que la convocatoria «se ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal, pero consideramos que no lo es». Con estas declaraciones, el presidente de la patronal ponía en duda que los sindicatos pudieran utilizar el derecho de huelga para reclamar soluciones al problema de la vivienda, una reivindicación que considera ajena a las responsabilidades de las empresas.
Sin embargo, la intención de acudir a los tribunales encontró dificultades jurídicas para poder demostrar que la convocatoria fuese ilegal, pese a que como manifestó la CEOE está iniciada por motivos políticos ajenos al interés profesional de los trabajadores. La huelga incluye reivindicaciones salariales, motivo que dificulta poder demostrar que sus objetivos son exclusivamente políticos. Después de valorar las posibilidades de presentar una impugnación, la CEOE ha optado por no iniciar el procedimiento antes de que se celebre la movilización.
La patronal mantiene sus críticas y deja abierta la puerta a nuevas medidas
A pesar de haber renunciado al recurso, la CEOE mantiene su rechazo a la protesta y desde la organización consideran que los empresarios serán los «paganos o damnificados» de una huelga convocada por un problema, el de la vivienda, que entienden que no es de su responsabilidad.
La patronal también ha recordado que los trabajadores que no quieran secundar el paro tienen derecho a acudir a sus puestos de trabajo y ha pedido que se respeten los servicios mínimos que correspondan. Su intención es que la jornada transcurra de manera «pacífica y cívica», aunque estará pendiente de lo que ocurra durante las movilizaciones.
«A partir de ahí, haremos un seguimiento de la misma y en función de lo que ocurra adoptaremos las medidas que correspondan», han señalado fuentes de la CEOE. De esta forma, los empresarios dejan abierta la posibilidad de actuar después del 11 de noviembre si consideran que durante la jornada se producen hechos que justifiquen alguna medida.
Una huelga general centrada en la vivienda y la subida de los salarios
La convocatoria del 11 de noviembre se aleja de las huelgas generales habituales porque sitúa el acceso a la vivienda entre sus principales reivindicaciones. UGT y CCOO consideran que el encarecimiento de los alquileres y la dificultad para comprar una casa están afectando directamente a los trabajadores, incluso a quienes tienen un empleo estable.
Los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han reconocido que será una huelga general atípica. De hecho, esperan que la participación en las manifestaciones previstas para la tarde tenga más peso que la paralización de la actividad laboral durante la jornada.
Junto a la vivienda, los sindicatos reclaman mejoras salariales y acusan a la CEOE de bloquear el acuerdo marco que sirve de referencia para negociar los incrementos de sueldo en los convenios colectivos. UGT y CCOO plantean subidas de entre el 4% y el 7% anual durante los próximos tres años, con el objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores.