El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la sentencia emitida por el juzgado Social de Sevilla declarando improcedente el despido de una trabajadora que llegó a hurtar hasta 200.000 euros, modificando más de 5.0000 tickets durante cuatro años junto con otra compañera. Un caso muy parecido al que sucedió con una trabajadora de Mercadona que anulaba tickets de compra para quedarse con el dinero, aunque con un desenlace muy distinto.
A pesar de que la empleada ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de apropiación indebida (finalmente no va a entrar porque el abogado consiguió un acuerdo para no entrar en prisión), ya que se demostró que realmente había cometido este delito, su despido disciplinario fue declarado improcedente, por un error que cometió la empresa en la carta de despido.
La carta de despido no figuran los hechos
Cuando la empresa entrega la carta de despido, en esta debe indicarse los motivos por los que se extingue la relación laboral. En el caso de un despido disciplinario, tal y como indica el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 55.1: ‘El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos‘.
Precisamente esto es lo que ha provocado que a pesar de que es cierto que la trabajadora robó a la empresa, en la carta de despido simplemente indican que es despedida por ‘múltiples hurtos’ cuya suma dio ‘una cantidad elevada’.
Por lo que con este escrito se incumple la principal finalidad de la carta de despido, que no es otra que proporcionar al trabajador un conocimiento suficiente y fehaciente de las causas que justifican la decisión empresarial y poder defenderse.
Así lo ha dictaminado el TSJA en su sentencia del 29 de mayo de 2023, que incluso criticó la forma de proceder de este supermercado, que se precipitó en su decisión sancionadora, sin esperar el informe pericial para poder especificar los hechos que se le imputaban a la actora.
Deberá devolver 100.000 euros al supermercado
Esta trabajadora junto con su compañera fueron condenadas a dos años de cárcel cada una por alterar y borrar parcial o totalmente más de 5.000 facturas durante cuatro años, consiguiendo apropiarse de casi 218.957 euros, ya que se quedan con la diferencia entre lo que de verdad entraba en las cajas y lo que ellas registraban.
A los dos años de cárcel hay que sumarles 540 euros de multa por delito de apropiación indebida con la atenuante de reparación de daño, puesto que cada una consignó 6.000 euros antes de la vista oral.
Ambas trabajadoras no irán a la cárcel, ya que han acordado suspender la ejecución de las penas de cárcel durante 5 años, siempre que indemnicen al súper y no delincan en ese plazo. El supermercado recibirá 100.000 euros que pagarán mensualmente ambas trabajadoras.