Los trabajadores que acepten una prejubilación o una baja incentivada fuera de un expediente de regulación de empleo (ERE) no pueden beneficiarse automáticamente de la exención del IRPF prevista para las indemnizaciones por despido. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dado la razón a Hacienda en una resolución del 27 de octubre de 2026 que fija un criterio para otros casos similares. Las compensaciones por abandonar voluntariamente una empresa no quedan exentas por el simple hecho de formar parte de un programa colectivo de reducción de plantilla.
La decisión llega después de que un empleado de banca reclamara la devolución de los impuestos pagados por su prejubilación y consiguiera una resolución favorable. La Agencia Tributaria recurrió porque consideraba que aquel trabajador había abandonado su puesto mediante un acuerdo voluntario, meses antes de que la entidad tramitara un despido colectivo.
El TEAC ha respaldado esa interpretación y ha explicado por qué no todas las prejubilaciones reciben el mismo tratamiento fiscal. La diferencia está en si el trabajador acepta marcharse dentro de un procedimiento de despido colectivo o si firma una salida voluntaria cuando todavía no existe ese proceso. Una circunstancia que puede determinar qué parte de la compensación debe declararse a Hacienda.
Hacienda puede exigir el IRPF de las prejubilaciones acordadas fuera de un ERE
Las empresas pueden ofrecer programas de prejubilaciones y bajas incentivadas para reducir sus plantillas sin recurrir directamente a despidos. Estos acuerdos suelen incluir compensaciones económicas para los empleados que aceptan abandonar sus puestos antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
Sin embargo, el TEAC recuerda que recibir dinero por dejar una empresa no significa que esa cantidad esté libre de impuestos. El artículo 7.e) de la Ley del IRPF permite aplicar una exención a determinadas indemnizaciones por despido o cese, siempre que se cumplan los requisitos establecidos legalmente. La diferencia está en el motivo por el que termina el contrato y en las condiciones en las que se produce la salida.
Una compensación pactada voluntariamente entre empresa y trabajador no tiene por sí sola el mismo tratamiento que una indemnización por despido, pero esto no significa que cualquier acuerdo entre las partes elimine la exención. La Audiencia Nacional ya ha examinado situaciones en las que negociar una indemnización después de haber sido despedido no convierte necesariamente la salida en voluntaria. Una cosa es acordar cuánto se cobra y otra distinta decidir poner fin a la relación laboral.
En los despidos colectivos que cumplen los requisitos legales, la parte exenta puede alcanzar la cuantía correspondiente al despido improcedente, con un límite general de 180.000 euros. Sin embargo, no todas las cantidades que se reciben tras un despido están libres de tributar a Hacienda. Los importes que superen los límites legales deben incluirse en la declaración del IRPF.
El TEAC explica por qué aceptar una prejubilación no siempre equivale a un despido
Para resolver la controversia, el TEAC ha examinado varias sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con trabajadores que aceptaron prejubilaciones dentro de procesos de reestructuración empresarial. En aquellos casos, el hecho de que los empleados se acogieran voluntariamente a un programa de salidas no significaba necesariamente que hubieran decidido abandonar sus puestos por iniciativa propia.
La diferencia estaba en que las empresas ya habían puesto en marcha procedimientos de despido colectivo y los trabajadores podían aceptar unas condiciones de salida negociadas, pero la necesidad de reducir la plantilla respondía a una decisión empresarial.
El trabajador podía elegir acogerse a una prejubilación, pero no había sido quien decidió eliminar su puesto de trabajo. Por eso, en determinadas circunstancias, aquellas salidas podían considerarse involuntarias a efectos de aplicar la normativa correspondiente.
El TEAC entiende que ese razonamiento no puede extenderse a cualquier programa de bajas incentivadas. Si una empresa ofrece compensaciones para que sus empleados se marchen y estos aceptan mediante un acuerdo de extinción por mutuo acuerdo, sin que exista un despido colectivo en marcha, la situación es diferente.
Para el tribunal, no basta con que la empresa tenga intención de reducir plantilla o haya negociado unas condiciones económicas con los representantes de los trabajadores. Debe existir un procedimiento de despido colectivo que permita relacionar la salida con una decisión empresarial de extinguir contratos.
Por tanto, la fecha en la que se firma el acuerdo y las circunstancias en las que termina la relación laboral son fundamentales para determinar si la compensación puede beneficiarse de la exención.
El caso del empleado bancario que reclamó a Hacienda los impuestos de su prejubilación
La resolución tiene su origen en la reclamación de un trabajador de banca que se acogió a un programa de prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas acordado por su entidad en diciembre de 2020. El empleado aceptó abandonar la empresa mediante un acuerdo de extinción del contrato por mutuo acuerdo, con efectos del 31 de marzo de 2021.
Posteriormente, solicitó a la Agencia Tributaria la rectificación de sus declaraciones del IRPF de 2021, 2022 y 2023. Consideraba que las compensaciones recibidas debían beneficiarse de la exención prevista para determinadas indemnizaciones por despido. También pidió aplicar la reducción del 30% correspondiente a determinados rendimientos del trabajo.
Hacienda rechazó su solicitud en enero de 2025 al entender que la salida había sido voluntaria. El trabajador recurrió y consiguió que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana le diera la razón en septiembre de ese mismo año.
El tribunal regional tuvo en cuenta la jurisprudencia del Supremo sobre prejubilaciones dentro de procesos de reestructuración bancaria. Sin embargo, la Agencia Tributaria consideraba que el caso presentaba una diferencia que impedía aplicar aquella interpretación.
El empleado había dejado el banco el 31 de marzo de 2021, mientras que el ERE de la entidad se firmó el 19 de octubre de ese mismo año. Es decir, cuando aceptó su prejubilación todavía no existía el procedimiento de despido colectivo al que pretendía vincular su compensación.
Hacienda presentó un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio ante el TEAC, que finalmente ha respaldado su interpretación. No obstante, esta resolución no modifica la situación jurídica particular del trabajador que había conseguido una decisión favorable, ya que el recurso tenía como finalidad fijar el criterio que debe seguir la Administración en otros casos similares.
La fecha del ERE puede determinar si la indemnización queda exenta del IRPF
Uno de los aspectos más importantes de la resolución es la diferencia entre un programa colectivo de salidas y un procedimiento formal de despido colectivo. Aunque ambos puedan tener como objetivo reducir el número de trabajadores de una empresa, no son lo mismo a efectos fiscales.
Un ERE exige seguir unos trámites legales, entre ellos la apertura del periodo de consultas con los representantes de los trabajadores y las comunicaciones correspondientes a la autoridad laboral. Cuando las salidas se producen dentro de ese procedimiento, pueden responder a una decisión empresarial de reducir plantilla, aunque los empleados acepten voluntariamente determinadas condiciones.
En estos procesos, las empresas también pueden negociar las condiciones económicas de las salidas. Un ejemplo de ello son los acuerdos de despido colectivo que incluyen prejubilaciones y bajas incentivadas dentro del propio ERE. La diferencia con el caso analizado por el TEAC es que las medidas se negocian como parte de un procedimiento formal de extinción de contratos.
En cambio, cuando un trabajador firma una prejubilación por mutuo acuerdo antes de que exista ese procedimiento, el TEAC entiende que no puede beneficiarse de la exención por despido colectivo únicamente porque la empresa tramite un ERE meses después.
Un ERE posterior no convierte automáticamente una baja voluntaria anterior en un despido colectivo. Esta es la diferencia que ha llevado al tribunal a respaldar el criterio de Hacienda en el caso analizado.
La resolución tampoco significa que cualquier salida firmada durante un ERE esté exenta. Para aplicar el beneficio fiscal deben cumplirse las condiciones de la Ley del IRPF y comprobarse las circunstancias concretas de la extinción del contrato.
Qué ocurre con los trabajadores que ya han reclamado la devolución del IRPF
El criterio fijado por el TEAC afecta a los contribuyentes que hayan solicitado recuperar los impuestos pagados por una prejubilación o una baja incentivada acordada fuera de un despido colectivo. También deben tenerlo presente quienes estén valorando aceptar una salida anticipada de su empresa.
Al tratarse de una resolución para unificar criterio, la interpretación del TEAC debe ser aplicada por los órganos de la Administración tributaria y por los tribunales económico-administrativos en los asuntos que presenten las mismas circunstancias.
Esto dificulta que prosperen las reclamaciones administrativas basadas únicamente en que la prejubilación formaba parte de un programa colectivo de reducción de plantilla. La existencia de un acuerdo negociado no basta para demostrar que la salida fue consecuencia de un despido colectivo.
Sin embargo, los trabajadores pueden acudir a los tribunales de justicia, que no están vinculados por el criterio administrativo del TEAC. En cada caso será necesario examinar cómo terminó la relación laboral, qué documentos se firmaron y si existía un procedimiento de despido colectivo cuando se produjo la salida.
Qué deben comprobar los trabajadores antes de firmar una prejubilación
La resolución deja una cuestión importante para quienes reciben una oferta de prejubilación o baja incentivada. Antes de aceptar la compensación, conviene conocer no solo la cantidad que pagará la empresa, sino también el tratamiento fiscal que tendrá ese dinero.
El trabajador debe comprobar si su salida forma parte de un despido colectivo, cuándo se inició ese procedimiento y qué causa de extinción aparece en el acuerdo. También es importante revisar si la compensación se cobrará de una sola vez o mediante pagos durante varios años, ya que esas condiciones pueden influir en su tributación.
Además, el tratamiento de una indemnización en el IRPF no debe confundirse con las reglas que se aplican a otras ayudas. Por ejemplo, una indemnización por despido no siempre se considera renta para acceder a un subsidio por desempleo, porque las normas que regulan esas prestaciones son distintas de las fiscales.
Una prejubilación pactada por mutuo acuerdo fuera de un ERE puede obligar a declarar cantidades que, en determinadas indemnizaciones legales por despido, quedarían exentas. La diferencia puede afectar de forma importante al dinero que finalmente conserva el trabajador.
La resolución del TEAC de 27 de octubre de 2026 fija así una distinción que deberán tener en cuenta tanto Hacienda como los trabajadores que negocien su salida de una empresa. El hecho de aceptar una prejubilación no determina por sí solo su tratamiento fiscal. Lo decisivo es comprobar si la extinción del contrato reúne las condiciones legales para aplicar la exención del IRPF.