El aumento del salario mínimo interprofesional ya tiene letra pequeña fiscal. El Gobierno prepara una subida de la deducción del IRPF para que quienes cobran el nuevo SMI sigan sin tributar, pese al incremento salarial previsto para este año.
La medida llega tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos para que el salario mínimo se eleve hasta los 17.094 euros brutos anuales en 14 pagas, un 3,1% más. Para evitar que esta mejora tenga impacto negativo en los trabajadores, Hacienda adaptará nuevamente el impuesto sobre la renta mediante una reforma legal que se espera se apruebe próximamente.
Una deducción mayor para neutralizar el IRPF
La reforma no será elevar el mínimo exento de IRPF para adecuarlo al nuevo SMI, sino que será la misma aplicada para el SMI de 2025, es decir, una deducción fiscal. La deducción actual, fijada en 340 euros anuales, resulta insuficiente con el nuevo nivel del SMI. Por eso, el Ejecutivo prevé aumentarla hasta una cuantía algo inferior a los 600 euros, según fuentes del departamento.
El esquema será similar al aplicado el año pasado. Durante 2026, los trabajadores soportarán las retenciones habituales en nómina y, al presentar la declaración de la renta en 2027, recibirán una devolución equivalente que compensará íntegramente el impuesto pagado.
El objetivo: proteger el salario neto
Con esta fórmula, el Gobierno busca que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio, tal como marca la Carta Social Europea, sin necesidad de forzar una subida mayor del salario bruto. El foco se pone así en lo que realmente percibe el trabajador, el salario neto.
Si el SMI empezara a tributar de forma efectiva, parte de la subida se diluiría. Para evitarlo, la ampliación de la deducción permite cumplir el objetivo europeo sin encarecer aún más los costes salariales.
Reparto del coste y efecto en las cuentas públicas
En la práctica, el ajuste se reparte entre empresas y Administración. Los empleadores asumen una subida salarial más contenida y el fisco absorbe parte del impacto mediante una menor recaudación, estimada en unos 200 millones de euros anuales.
Este enfoque también busca evitar tensiones políticas como las que surgieron tras la anterior subida del SMI, cuando algunos perceptores, especialmente solteros sin hijos, empezaron a pagar IRPF mes a mes. Aquella situación se resolvió con devoluciones posteriores, una solución que ahora se consolida para evitar nuevos conflictos entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo.
El Gobierno opta así por repetir una fórmula ya conocida para garantizar que la subida del salario mínimo llegue íntegra al bolsillo de los trabajadores.