lunes 27 junio 2022

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Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan la reforma laboral

El Gobierno logra llegar a un acuerdo para la futura reforma laboral,

Gobierno junto a patronal y sindicatos han firmado un acuerdo tras meses de negociación.  Por lo que hay luz verde para la reforma laboral que prepara el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz al frente.

Aunque no será tal y como se ha ido anunciando en estos meses. Por ejemplo la famosa derogación de la norma de 2012 se quedará en unos cambios.

Esta reforma laboral que será la primera pactada en 15 años mantendrá la flexibilidad de las empresas y su capacidad para ajustar las condiciones laborales de sus plantillas en tiempos de crisis. Al mismo tiempo que recuperará la ultraactividad de los convenios y elevará los acuerdos sectoriales sobre los de empresa en el caso de los sueldos, aspectos clave para los sindicatos.

Bajar la tasa de temporalidad.

Uno de los principales objetivos de esta reforma, aparte de los anteriores mencionados es conseguir estabilizar el empleo. Es decir, bajar la tasa de temporalidad que existe en el mercado español.

Es posiblemente el reto más difícil y para que sin duda Yolanda Díaz tendrá que poner todos sus esfuerzos, sobre todo la Inspección de Trabajo.

La tasa de temporalidad en España es alta, pero a consecuencia de la pandemia la duración de los contratos se ha visto reducida.  Para ponerle solución a este problema el paquete de cambios se ajusta a cuatro líneas de actuación.

Reducir los tipos de contratos. Por ello se establecerá el contrato indefinido como base y solo habrá dos tipos de contratos temporales, contratos de interinidad para sustituir trabajadores y por sinsustancias de la producción.

El tiempo de los contratos  temporales se reducirá, ello implicará que también se reduzcan el periodo para considerar fijo a un trabajador temporal que encadena varios contratos.

Fomentar el contrato fijo-discontinuo. El Gobierno quiere fomentar este tipo de contrato indefinido, pero intermitente para que sea el que se firme en trabajos estacionales o vinculada a actividades de temporada, como las campañas agrícolas.

También se rediseña el contrato fijo de obra de la construcción, declarado abusivo por la justicia europea, para que sea considerado indefinido, con la obligación de intentar formar y recolocar al empleado entre distintas obras y la posibilidad de extinguir el contrato si esto no es posible.

Para que estas líneas de actuación resulten eficaces, Yolanda Díaz tendrá que reforzar la Inspección de Trabajo. Por ello se endurecerán las sanciones ante la temporalidad irregular, persiguiendo los contratos en Fraude de Ley. Las multas podrían llegar hasta los 10.000 euros por cada contrato fraudulento.

Ministra Yolanda Díaz
Instagram @yolanda_carmela

Contratos formativos.

El contrato de formación y aprendizaje pasará a ser el contrato formativo en alternancia permitiendo que se puedan contrata a trabajadores hasta los 30 años bajo esta modalidad. Anteriormente, era hasta los 25 años. La duración mínima pasará a tres meses, cuando actualmente es de un año. También se reduce su duración máxima, pasando de tres años a dos.

El contrato de trabajo en prácticas pasará a denominarse contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, limitándose su duración a un año. Además, la retribución pasará a ser la que marque el convenio colectivo, no como ahora que podía ser del 60 y 75% de lo que marcara el convenio.  Incluso estos se podrán firmar a tiempo parcial, algo que ahora no era posible.

ERTE después de la pandemia.

Dado los buenos resultandos que han tenido los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo durante la pandemia, el Gobierno los establecerá de forma permanente. Estos nuevos ERTE se llamarán mecanismos RED.

Estos darán preferencia a la reducción de la jornada a la suspensión de contratos y dará a las empresas la posibilidad de acceder a ayudas a la cotización.

De los actuales ERTE por la pandemia se incluirá la prohibición de realizar horas extras en las empresas que se acojan a este mecanismo. Como tampoco podrán externalizar los servicios.

La reducción de la jornada podrá ser del 10 al 70% y los trabajadores afectados cobrarán una prestación. En cuanto al acceso a ayudas, estas estarán condicionadas a si ofrecen formación a los trabajadores y cumplen con el compromiso de mantener el empleo, entre otras medidas.

 

 

 

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