Si se comparan los datos de empleo con el antes y después de la reforma laboral de 2021, se observa que se redujo la temporalidad. Al menos el número de contratos aumentó hasta ya ser casi la mitad del total de contratos que se firman cada mes. Sin embargo, detrás de ese éxito estadístico ha aparecido un nuevo informe de Fedea ha sacado a la luz que esos contratos indefinidos no ofrecen la estabilidad laboral prometida.
Ese es el diagnóstico que realiza FEDEA tras analizar el impacto de la reforma laboral sobre más de 177.000 jóvenes que accedieron al mercado de trabajo entre 2014 y 2023. El estudio concluye que la contratación indefinida aumentó de forma notable, pero que la mejora de la estabilidad laboral fue mucho más limitada. Los autores detectan incluso que muchos de los nuevos contratos indefinidos duran menos que los firmados antes de la reforma.
Los sindicatos achacan el problema al elevado número de ceses por ‘no superar el periodo de prueba‘, una fórmula que han encontrado las empresas para convertir un contrato indefinido en un falso contrato temporal, con la ventaja de ahorrarse la indemnización. Por ello piden al Gobierno no solo endurecer las indemnizaciones por despido, sino que también las empresas tengan que justificar los motivos de la no superación del periodo de prueba.
Sin embargo, desde FEDEA plantean una fórmula diferente para abordar este problema. En lugar de endurecer el despido, proponen penalizar a las empresas con una mayor rotación laboral.
Un sistema de bonus-malus para las empresas
El informe plantea como solución alternativa un mecanismo de bonus-malus vinculado al comportamiento laboral de cada empresa. Es decir que las empresas que generen empleo estable y mantenga durante más tiempo a sus trabajadores recibirían incentivos o afrontarían menores costes asociados a las cotizaciones.
Por el contrario, aquellas empresas que registren una elevada rotación de plantilla tendrían que asumir una mayor carga económica.
Actualmente, en España se penaliza las contrataciones temporales cuya duración es inferior a 30 días con una cotización adicional. En 2026 esa cotización´adicional quedo establecida en 33,62 euros mediante el artículo 28 de la Orden PCJ/297/2026.
Pero una empresa podría saltarse esta cotización adicional realizando una contratación indefinida y que tras ese primer mes, cesara al trabajador por no superar el periodo de prueba, ahorrándose no solo esa cotización también la indemnización por fin de contrato temporal que es de 12 días por año trabajado.
El principal ‘problema’ para implantar este sistema sería que las empresas deberían ser monitorizadas constantemente sobre sus altas y bajas en la Seguridad Social, el tipo de contrato realizado, la duración y demás.
La propuesta supone trasladar el foco desde el tipo de contrato hacia la duración real del empleo. En lugar de premiar o castigar a las empresas por utilizar una modalidad contractual concreta, el sistema buscaría incentivar que los trabajadores permanezcan más tiempo en sus puestos de trabajo.
La cuestión es si esa fórmula sería suficiente para reducir una rotación laboral que, según el propio informe, sigue siendo uno de los grandes problemas del mercado laboral español pese al aumento de los contratos indefinidos.