El Senado ha denunciado ante la Fiscalía un posible caso de espionaje parlamentario tras detectar accesos no autorizados a los ordenadores de varios senadores y personal de la Cámara Alta. La investigación interna ha llevado a la Mesa del Senado a tomar decisiones drásticas: despedir a dos empleados presuntamente responsables y remitir los hechos al Ministerio Público.
Una infiltración desde dentro
Todo comenzó con la denuncia del Grupo Parlamentario Socialista, que alertó de una posible “infiltración masiva” en el material informático confidencial de los senadores. Lo más alarmante es que estos accesos habrían sido realizados “desde dentro de los servicios” del propio Senado, lo que ha hecho saltar todas las alarmas institucionales.
Accesos indebidos y descargas confidenciales
Según el comunicado oficial del Senado, los trabajadores (identificados con las siglas J.A.R. y N.M.G.) habrían accedido de forma indebida a los portafirmas y cuentas de senadores y miembros de la Mesa. Estos accesos incluían la descarga de documentos, incluso algunos de carácter personal, y se realizaron utilizando claves personales sin autorización.
El Senado ha calificado estos hechos como una “falta disciplinaria muy grave”, tipificada como fraude, deslealtad y abuso de confianza según el artículo 33.4 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Senado. Por este motivo, se procedió al despido disciplinario inmediato de ambos trabajadores, quienes forman además un matrimonio.
La Fiscalía toma el relevo
La documentación del caso ha sido ya enviada a la Fiscalía, que deberá valorar si existen indicios de delito y, de ser así, iniciar una investigación penal. Se baraja la posibilidad de que se trate de un delito de espionaje informático y de vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de los representantes públicos.
Afectados de distintos partidos
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que no se trata de una acción dirigida contra un solo grupo político. Según informaciones extraoficiales, cerca de 30 senadores de diversas formaciones habrían sido víctimas de este hackeo. El hecho de que no haya un sesgo partidista refuerza la sospecha de un espionaje sistemático y meticulosamente planificado.
Reacción del PSOE
El Grupo Socialista ha exigido una investigación exhaustiva para esclarecer el alcance de la filtración y garantizar que no se ha vulnerado el derecho digital de los senadores. También han subrayado la gravedad del incidente, especialmente en un momento en el que están activas varias comisiones de investigación en la Cámara Alta.
Desde el PSOE se advierte de que esta intromisión no solo afecta la privacidad individual de los parlamentarios, sino que podría suponer una amenaza directa a las garantías democráticas que sustentan el trabajo legislativo.