El Gobierno, junto con los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT, ha firmado un acuerdo para restablecer el derecho a la jubilación parcial en el sector público. Esta modalidad permitirá a los trabajadores compatibilizar un empleo a tiempo parcial con el cobro de una parte de su pensión.
Según el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, este avance representa la recuperación de un derecho eliminado en 2012 por medidas de austeridad. El acuerdo es un compromiso establecido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 con los mismos sindicatos.
Rejuvenecimiento y transferencia generacional
El ministro destacó que la jubilación parcial elimina una «asimetría injustificada» respecto al sector privado y fomenta la transferencia de conocimientos entre trabajadores veteranos y las nuevas generaciones. Además, facilita la transición entre la vida laboral activa y la jubilación, un paso crucial para rejuvenecer las plantillas de la Administración Pública.
En un comunicado conjunto, los sindicatos subrayaron que esta medida contribuirá a disminuir la precariedad y restituir derechos a los trabajadores del sector público.
Modificación del Trebep y normativa adaptada
El compromiso implicará la modificación del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep). Esta figura de jubilación parcial estará vinculada a un sistema de relevo, en el cual otro trabajador asumirá las funciones del jubilado parcial.
El marco regulador estará alineado con la legislación vigente de la Seguridad Social y Clases Pasivas, ajustándose a lo acordado en la mesa de diálogo social por el Gobierno, organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y sindicatos el pasado julio de 2024.
Regulación del relevo y reducción de la temporalidad
En el sector público, los relevistas serán funcionarios de carrera, una medida que ayudará a reducir la precariedad laboral. Estas plazas serán planificadas en las ofertas de empleo público del año en que se produzca la jubilación, evitando costes adicionales al presupuesto.
Los sindicatos han resaltado que esta fórmula no solo garantiza estabilidad en el empleo, sino que también combate la generación de bolsas de temporalidad injustificada.