El Gobierno quiere que antes de que finalice el año se lleve a cabo la esperada reforma laboral con especial atención a la regulación del teletrabajo y la «Ley de Riders».
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se ha puesto manos a la obra ya ofrece un calendario para el cumplimiento de las promesas que ha realizado a Bruselas a cambio de los fondos Europeos.
Reformas fiscales, reforma de las pensiones, pero sobre todo una que es prioritaria para el Gobierno, la reforma laboral.
¿Qué cambios se pretenden realizar?
Entre los cambios que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende llevara cabo en tema laboral, está la simplificación de los tipos de contratos, dejando estos en tres, la modernización de la negociación colectiva, la revisión de las bonificaciones a la contratación.
Además también se pretende implantar unos ERTE estructurales que serán financiados con un fondo al que van a contribuir, empresarios, trabajadores y el propio Estado.
La implantación de un modelo de ERTE permanente se hace vital para evitar que los ERTE de ahora puedan convertirse en ERE. Estos ERTE servirán de apoyo a las empresas para evitar el despido y además también fomentarán la recalificación y formación de los trabajadores.
Estos nuevos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo según recoge el documento se nutrirá del «exceso de cotizaciones» en años de expansión y de la aportación pública al presupuesto del SEPE.
En lo referente a la modernización de la negociación colectiva, la propuesta del Gobierno es realizar cambios que comprendan cómo articular los convenios y sus distintos niveles de negociación y el tratamiento de la «ultraactividad».
La «Ley de Riders»
Esta ley será llevada al Consejo de Ministros en próximas fechas para su aprobación, tras alcanzar un acuerdo con los agentes sociales. En dicho acuerdo, se regulariza la situación de los riders conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de numerosos órganos judiciales de menor rango, declarando a estos repartidores de las plataformas digitales como asalariados y no como trabajadores autónomos.
Una vez aprobada, las empresas tendrán de plazo 90 para dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social a los trabajadores.