El Gobierno de España ha presentado una propuesta para reducir el tiempo máximo que un interino puede ocupar una vacante en la Administración Pública, pasando de tres a dos años. Esta medida se enmarca en un nuevo plan para luchar contra la elevada temporalidad en el sector público, una de las más altas de Europa, que actualmente se sitúa en torno al 30 %.
La propuesta, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, tiene como objetivo alinear la Administración Pública con los estándares europeos. Si comparamos el sector público con el sector privado, este último ha logrado reducir el número de contratos temporales al 15% gracias a la última reforma laboral. No obstante, a pesar de reducir el número de contratos temporales, ha aumentado significativamente el número de despidos por «no superar el periodo de prueba» dejando claro que las empresas han encontrado una fórmula perfecta para transformar los contratos indefinidos en falsos contratos temporales.
Claves de la reforma
Entre los cambios más destacados del plan, se encuentra la prohibición de que una misma persona continúe en una vacante una vez superado el plazo de dos años. Además:
- Solo un funcionario de carrera podrá ocupar la plaza tras ese periodo.
- Se elimina la posibilidad de que otro interino ocupe la misma vacante.
- Se prohíben los contratos encadenados en la misma Administración si superan los dos años en total, salvo que hayan transcurrido al menos seis meses desde el último nombramiento.
- Las vacantes deben incorporarse a la oferta pública de empleo del mismo año en que se produzcan.
Estas medidas buscan dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. En julio, Bruselas bloqueó el pago de más de 626 millones de euros en fondos europeos debido al incumplimiento de uno de los hitos clave: la adopción de medidas eficaces para reducir la temporalidad.
Castilla y León, la primera comunidad autónoma en mostrar su rechazo a la reforma
La Junta de Castilla y León ha sido una de las primeras comunidades autónomas en manifestar su rechazo a la propuesta del Gobierno. Durante la Conferencia Sectorial de Administración Pública celebrada en Madrid, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, expresó su desacuerdo con la reforma, tanto por el recorte en la duración de los contratos interinos como por otras modificaciones legales planteadas.
La Junta también rechazó la idea de modificar la Ley de Transparencia para incluir un régimen sancionador por excesos de temporalidad, argumentando que dicha ley no debería abarcar el control de nombramientos ni contrataciones en las Administraciones Públicas.
Los sindicatos la ven como una medida “inútil”
Los sindicatos también han reaccionado con preocupación. Comisiones Obreras (CCOO) considera que estas medidas podrían suponer un «perjuicio gravísimo» para la continuidad del servicio público y denuncia que se estarían estableciendo «más trabas a la contratación», dificultando aún más la estabilidad laboral.
Por su parte, desde CSIF califican la propuesta como “un parche que no aborda la problemática de fondo”. Además, alertan sobre los posibles conflictos legales, ya que la nueva norma eliminaría la posibilidad de continuidad del interino si la plaza queda desierta, algo que podría contradecir jurisprudencia del Tribunal Supremo.