La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se enfrenta una situación inédita tras quedar sin cobertura aseguradora para sus 1,5 millones de beneficiarios. Adeslas, Asisa y DKV, principales aseguradoras en este convenio, han decidido no presentar propuestas para el concierto sanitario de 2025-2026.
¿El motivo? Consideran que las condiciones económicas ofrecidas no son suficiente para cubrir los gastos que deberán afrontar.
Descontento con el incremento de primas
En octubre, el Gobierno aprobó un incremento del 17% en las primas, elevando la dotación a 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones para 2026. Sin embargo, las aseguradoras consideraron esta cifra insuficiente para cubrir los costes. El sector asegurador calcula que el convenio debería haber incluido un aumento mínimo del 30% para garantizar su viabilidad. El incremento propuesto por el Gobierno, aunque significativo, no compensa la inflación ni el incremento de costes médicos, que desde 2022 han afectado gravemente a las aseguradoras.
El impacto de la inflación y el aumento de consultas y tratamientos ha llevado al sector a acumular pérdidas cercanas a los 600 millones de euros en los últimos tres años. En este contexto, Asisa comunicó que presentarse con las condiciones actuales habría puesto en peligro su solvencia financiera.
Mensaje de tranquilidad a los funcionarios
En medio de esta incertidumbre, Muface ha asegurado que, pase lo que pase, los funcionarios mantendrán su cobertura hasta el 31 de diciembre de 2024, y que en caso de necesidad se utilizarán mecanismos legales para garantizar la continuidad de los servicios más allá de esa fecha. La mutualidad ha convocado una reunión de emergencia con sindicatos, como UGT, para informarles sobre las medidas a adoptar.
Para los funcionarios, el futuro de su cobertura médica aún está en el aire, mientras el Gobierno intenta salvar el acuerdo antes de que expire el plazo y evitar una interrupción en el acceso a servicios de salud esenciales para cientos de miles de empleados públicos.
Licitación exprés y plan B del Gobierno
Ante esta situación, el Ministerio de Función Pública ha anunciado una licitación exprés con una posible mejora económica para atraer nuevamente a las aseguradoras. No obstante, la fecha límite para el nuevo convenio es el próximo 31 de diciembre, por lo que los plazos son muy ajustados. En paralelo, el Gobierno ha indicado que podría recurrir a una «prórroga forzosa», una medida amparada en la Ley de Contratos del Sector Público que obligaría a las aseguradoras a mantener los servicios por hasta nueve meses, sin un incremento en la prima.
Las aseguradoras califican esta medida como “negociación bajo presión”, y sostienen que una prórroga sería un golpe económico devastador. “Sería inasumible para nuestras cuentas,” afirman fuentes de una de las compañías afectadas.
Nuevos servicios sanitarios
El nuevo convenio de Muface incorpora, además, prestaciones adicionales como tratamientos bucodentales y terapias experimentales, además de los costosos tratamientos de fertilidad. Esta ampliación de los servicios ha generado también preocupación entre médicos y hospitales, ya que los pagos por parte de las aseguradoras llevan años sin actualizarse adecuadamente.
Los representantes de los servicios médicos sostienen que cualquier aumento en la prima debería beneficiar también a los hospitales y médicos que ofrecen atención a los mutualistas. Gobierno intenta salvar el acuerdo antes de que expire el plazo y evitar una interrupción en el acceso a servicios de salud esenciales para cientos de miles de empleados públicos.