sábado 1 febrero 2025
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El Gobierno prepara nuevas ayudas para la hostelería debido a las restricciones

Las nuevas restricciones han afectado a la hostelería, un sector que desde que se inició la pandemia ha sufrido las consecuencias del confinamiento y las restricciones horarias impidiéndoles como otros muchos trabajos «no esenciales» poder ejercer su derecho a buscar el pan de cada día como puedan.

A esto hay que añadir el lío que hubo cuando muchos hosteleros solicitar la prestación por cese de actividad y el SEPE se las denegaba porque un error en la forma de la tramitación en la que se daba por supuesto que todos los hosteleros mantenían el servicio a domicilio, un error que ha sido solucionado modificando la solicitud  añadiendo una declaración de responsabilidad del cierre total de la actividad.

Los hosteleros en cierre podrán cobrar la ayuda extraordinaria de autónomo

A pesar de esto, muchos trabajadores del sector han salido a las calles para protestar sobre todo con la subida de impuestos mientras no pueden trabajar, ante esta situación el Gobierno prepara nuevas ayudas.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el que detrás de esta nuevo plan de apoyo a bares y restaurantes  junto con el Ministerio de Trabajo, Industria, Seguridad Social y Hacienda.

Este nuevo plan incluiría nuevas ayudas directas, es decir subvenciones a los empresarios y autónomos, así como medidas del tipo fiscal y sobre todo en las cotizaciones sociales y otras en el ámbito financiero, relacionadas con la ampliación del plazo de carencia de los créditos ICO.

Aunque estas ayudas variaran según los municipios, es decir, se pretende concentrar los esfuerzos en los sectores y territorios más afectados por las restricciones, en lugar de sacar ayudas de carácter más general.

¿Qué piden los hosteleros?

Los hosteleros has solicitado ayudas directas por valor de 8.500 millones de euros para poder hacer frente a la difícil situación que están atravesando con motivo de la pandemia del coronavirus y las medidas restrictivas.

Estas peticiones han sido ya comunicadas por escrito al Gobierno informando de que al menos 100.000 negocios corren peligro, lo que podría suponer la perdida de entre 900.000 y  1,1 millones de puestos de trabajos tanto directos como indirectos.

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