EL Constitucional ha decidido que los alumnos de las universidades privadas tengan el mismo derecho para acceder a las becas públicas que los alumnos de las universidades públicas.
Esta sentencia llega tras la denuncia de la Universidad Católica de Valencia donde cuestionaba por discriminación la normativa de la Generalitat Valenciana, en la que la Comunidad autónoma pudiera establecer un régimen diferenciado sobre becas en estudios universitarios en centros privados, es decir se limitaba las becas de las privadas a aquellas titulaciones que no existieran en la universidad pública.
Este arreglo es lo que el Constitucional ha interpretado que vulnera el derecho a la igualdad en el acceso a las ayudas para los estudios, algo que a la propia universidad le causaba un prejuicio injustificado, ya que el sistema de becas tiene efectos sobre la financiación del propio centro educativo de enseñanza superior.
El asunto llegó al Constitucional.
Ha tenido que ser el Tribunal Constitucional quien le ha dado la razón a la Universidad Católica de Valencia tras agotar la vía judicial ordinaria tras no ser atendida su reclamación en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Sin embargo aún se cuestiona si es propio que la Universidad Católica de Valencia pueda recurrir en amparo por un derecho que es de los alumnos y no de la universidad, además de si es un derecho constitucional a una equiparación absoluta al acceso a las becas que son concedidas con dinero público entre los alumnos de las universidades privadas y públicas, debido a que el régimen económico es muy diferente entre ambos tipos de universidades, tanto en la forma de financiarse como en sus precios.