Golpe al plan estrella de Trabajo para controlar la jornada laboral. Tras el fracaso de su reducción de jornada, la ministra Yolanda Díaz intentó impulsar una de las medidas incluidas en su nueva jornada laboral, la reforma del registro horario para vigilar que se cumplen los horarios por contrato y que las horas extras no quedan impagadas.
Sin embargo, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen muy duro contra este nuevo registro horario y concluye de forma rotunda que “no procede aprobar el real decreto proyectado”.
El órgano consultivo cuestiona tanto el fondo como la forma de la norma. Y pone cifras al problema y es que implantar este nuevo sistema supondría un impacto de hasta 867 millones de euros al año para las empresas en España.
Un coste millonario que pone en duda la medida
Uno de los principales reproches es económico. El Consejo de Estado considera que el Ministerio de Trabajo no ha calculado bien el impacto real del nuevo registro digital obligatorio.
Según sus estimaciones, basadas en los propios datos del Gobierno, el coste anual rondaría los 55 euros por trabajador, lo que multiplicado por más de 15 millones de empleados eleva la factura a cientos de millones.
Además, advierte de que ese cálculo ni siquiera incluye gastos clave como la implantación, el mantenimiento o la formación.
Para el organismo, afirmar que la medida no tendrá impacto relevante “no se corresponde con la realidad empresarial”.
Problemas legales: el decreto podría no ser válido
El dictamen también lanza una advertencia jurídica de peso. El Consejo de Estado considera que el Gobierno está intentando aprobar cambios que deberían hacerse mediante una ley, no con un real decreto.
En otras palabras, cree que el Ejecutivo está yendo más allá de lo que permite este tipo de norma.
En términos sencillos, cree que el Ejecutivo está yendo más allá de lo que permite este tipo de norma.
Esto abre la puerta a posibles recursos judiciales si el texto sigue adelante, algo que ya han advertido las organizaciones empresariales.
Dudas sobre protección de datos de los trabajadores
Otro punto crítico es la privacidad. El nuevo sistema plantea un control digital de la jornada accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo.
Sin embargo, el Consejo de Estado alerta de que no se garantiza adecuadamente la protección de datos personales.
El informe señala que no basta con prometer seguridad, sino que hay que detallar cómo se protegerá la información y qué datos se recogerán exactamente.
Sectores afectados y falta de adaptación
El organismo también advierte de que el modelo no tiene en cuenta la realidad de muchos sectores. Actividades como la hostelería, el transporte o el trabajo en el campo podrían tener dificultades para aplicar un sistema digital único.
Incluso recomienda excluir ciertas jornadas especiales de la norma.
Choque dentro del Gobierno
El dictamen llega tras meses de tensiones internas. El Ministerio de Economía ya había emitido dos informes desfavorables, cuestionando tanto el contenido como la aplicación de la medida.
Trabajo, por su parte, defiende el registro horario como clave para evitar horas extra sin pagar y garantizar derechos laborales.
El trasfondo es claro: este sistema era uno de los pilares tras el intento fallido de reducir la jornada laboral a 37,5 horas.
¿Qué puede pasar ahora?
Aunque el dictamen no es vinculante, tiene un gran peso político y jurídico. El Gobierno puede seguir adelante (posiblemente lo haga), pero lo hará con más presión, riesgo de recursos y dudas sobre la viabilidad de la norma.
En la práctica, el aviso es claro, el registro horario tal y como está planteado tiene difícil salida sin que se hagan modificaciones.