Hoy era un día esperado para muchos empleados públicos que llevan años encadenando contratos temporales y que piden justicia. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Rimvydas Norkus, se ha pronunciado sobre el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas de España.
El pronunciamiento llega apenas dos días después de la manifestación de miles de interinos frente al Congreso de los Diputados, celebrada el pasado martes 7 de octubre, donde reclamaron estabilidad laboral y el fin del abuso de los contratos temporales en las administraciones.
Según Norkus, el ordenamiento jurídico español no dispone de instrumentos efectivos, disuasorios ni proporcionados que garanticen el cumplimiento de la normativa europea en materia de contratación temporal.
Un caso que llega desde Madrid y afecta a miles de empleados públicos
El dictamen parte de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a raíz del caso de una trabajadora de la Comunidad de Madrid, que lleva desde 2016 encadenando contratos de interinidad como cuidadora en un centro educativo público. La trabajadora alega que ha sido víctima de un uso abusivo de contratos temporales y reclama que se le reconozca la condición de fija.
Por su parte, la administración autonómica defiende que debe ser considerada «indefinida no fija», ya que no ha superado el proceso de oposición exigido por la legislación española y que vulneraria la Constitución Española. Concretamente, el artículo 103 exige que el acceso a la función pública esté regido por los principios de mérito y capacidad, una cuestión ya planteada ante el Tribunal Constitucional, aunque este rechazó entrar en la polémica de la fijeza de los interinos.
La legalidad de no hacer fijos automáticamente a los interinos
Norkus aclara que la normativa europea no obliga a convertir automáticamente a los interinos en funcionarios sin haber pasado una oposición. El TJUE nunca ha exigido que se reconozca la condición de personal laboral fijo o funcionario sin cumplir con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Sin embargo, esta posibilidad de no conceder la fijeza se sostiene únicamente si existe una medida alternativa eficaz que sancione el abuso de contratos temporales. Y es precisamente ahí donde el abogado general encuentra el fallo de España. Vamos, en otras palabras, esas medidas no existen o son insuficientes y, por tanto, si se abre la puerta a que como sanción al abuso de contratos temporales se conceda la fijeza de la plaza al trabajador afectado.
Indemnizaciones ineficaces y estabilización insuficiente
Norkus desmonta las alternativas actuales. Considera inadecuadas las indemnizaciones de 20 o 30 días por año trabajado (con topes de 12 y 24 mensualidades respectivamente), pues no compensan el perjuicio sufrido por los trabajadores. Tampoco valora como suficiente la Ley Iceta ni los procesos de estabilización mediante oposiciones, ya que no garantizan ni la estabilidad laboral ni una sanción al empleador público.
Además, critica que los interinos que se jubilan, dimiten o no superan las oposiciones, pese a haber sufrido abuso de temporalidad, no reciben compensación alguna.
Posible conversión en indefinidos como medida reparadora
El abogado general apunta a la conversión en trabajadores indefinidos fijos o no fijos como una posible solución adecuada y conforme al derecho europeo. Esta propuesta representa un giro respecto a la interpretación tradicional del Tribunal Supremo español, que históricamente ha rechazado esta vía.
Norkus destaca que una medida sancionadora eficaz debe contemplar un sistema que repare íntegramente el perjuicio del trabajador y sancione a la administración responsable, con mecanismos concretos y aplicables, no meras declaraciones teóricas.
La responsabilidad ahora recae sobre el Tribunal Supremo
Las conclusiones de Norkus dejan en manos del Tribunal Supremo español la responsabilidad de valorar si la normativa nacional contiene realmente medidas suficientes para prevenir y sancionar eficazmente el abuso. Su fallo unificará la doctrina y tendrá un impacto directo sobre miles de casos pendientes en los tribunales.
Este dictamen pone nuevamente en entredicho el modelo de contratación temporal en el sector público español, y abre la puerta a futuras reformas legislativas o incluso a indemnizaciones más elevadas para quienes han sufrido esta situación durante años.