Las oposiciones de RTVE, destinadas a cubrir 474 plazas en la corporación, han vuelto a generar polémica después de la dimisión en bloque de todos los miembros del tribunal examinador. Esta decisión se produjo tras la filtración de 90 preguntas del examen que debía realizarse el pasado 28 de septiembre. Esta situación ha derivado en un auténtico revuelo que afecta tanto a los más de 5.000 aspirantes como al futuro del proceso de selección.
Filtración y dimisión: un proceso envuelto en la controversia
La dimisión de los cinco miembros del tribunal de las oposiciones fue la respuesta a una serie de problemas serios relacionados con la transparencia del proceso. Los miembros que renunciaron, entre los cuales se encontraban Cristina Ónega y Esteban Crespo, formaban parte del grupo designado por RTVE. Esta filtración no solo comprometió el proceso de selección, sino que también generó la protesta de los aspirantes afectados, muchos de los cuales se desplazaron desde otras provincias a Madrid para un examen que terminó siendo cancelado apenas 30 minutos antes de comenzar.
Como respuesta, la corporación ha decidido repetir el examen el próximo 2 de noviembre, con el compromiso de conformar un nuevo tribunal bajo medidas reforzadas de transparencia y seguridad. Entre las medidas adoptadas para evitar nuevas filtraciones, se incluyen restricciones para reducir al mínimo el margen temporal entre la preparación de las preguntas y la realización del examen, a fin de evitar nuevas filtraciones de las preguntas. Además, se mantendrá el temario tal y como estaba antes de la cancelación, limitando la información de actualidad requerida hasta el 28 de septiembre, una petición clave de los candidatos que ya habían comenzado a prepararse.
Sindicatos y medidas legales: el entorno complejo de RTVE
Este proceso de oposiciones ha sido particularmente complejo, con demandas y desacuerdos entre los sindicatos. CGT y CCOO han presentado impugnaciones contra algunos requisitos considerados discriminatorios. Por ejemplo, se criticaba la exigencia de experiencia profesional mínima, ya que podría vulnerar los principios de igualdad y mérito, al excluir a quienes no pudieran cumplir con dichos requisitos. Esta postura fue avalada por una sentencia judicial que declaró la nulidad de varios de estos requisitos, condenando a RTVE a modificar las bases del proceso.
Además, CCOO solicitó que el cupo del 7% para personas con discapacidad se aplicara al total de plazas, en lugar de limitarse a las vacantes de concurso libre, subrayando la necesidad de una mayor equidad en el acceso al empleo público.
Nueva fecha y declaración oficial de RTVE
La nueva fecha fijada para el examen es el 2 de noviembre. La presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, pidió comprensión a los afectados, reconociendo los errores cometidos y el impacto negativo sobre los opositores. En su intervención, afirmó que la decisión de repetir el examen se tomó con la intención de mantener la transparencia e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes. Jorge de San José, director de Recursos Humanos y Organización de RTVE, también se disculpó públicamente por los inconvenientes y trastornos ocasionados, asegurando que se tomarán medidas para mejorar el proceso.
Medidas para un proceso más seguro
Ante la polémica y la presión pública, RTVE está trabajando en reformular el proceso para que sea más justo y seguro. El tribunal que evaluará el próximo examen se formará mediante un sistema de sorteo, buscando reforzar su imparcialidad. Además, se han adoptado nuevas medidas para garantizar que las preguntas del examen no se filtren antes de tiempo, incluyendo la elaboración rápida de los exámenes sin días intermedios que pudieran dar lugar a nuevas filtraciones.