En medio de las protestas de los agricultores, es noticia la detención de un empresario, por la Policía Nacional, acusado de imponer un régimen de explotación laboral que va más allá tanto de los límites éticos y legales.
La investigación policial, según ha informado el medio “Público” revela que este empresario contrató a trabajadores de forma irregular para llevar a cabo tareas agrícolas, sometiéndolos a jornadas muy por encima de la jornada ordinaria, concretamente trabajaban más de 12 horas diarias. Los afectados, todos extranjeros, han compartido testimonios desgarradores sobre las duras condiciones laborales impuestas por el empresario en cuestión.
Delito contra los derechos de los trabajadores
Los agentes llevaron a cabo el arresto por presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores, específicamente el delito por dar ocupación simultánea de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. Este acontecimiento es resultado de la colaboración entre organismos públicos, en la constante lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.
Después de prestar declaración y tramitar el correspondiente atestado policial, el empresario fue puesto en libertad, aunque la investigación continúa. Esta detención destaca la importancia de la vigilancia y la acción conjunta para salvaguardar los derechos laborales y combatir la explotación.
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Inspección en una finca de ajos
La inspección realizada en una finca de recolección de ajos a mediados de junio reveló la existencia de una cuadrilla de 13 jornaleros bajo las órdenes de este empresario que está al frente de una sociedad dedicada a proporcionar mano de obra agrícola. Esta persona era responsable de los trabajadores que carecían de contrato laboral y alta en la Seguridad Social.
Ocho de los trabajadores se encontraban en situación administrativa irregular, sin la debida autorización para trabajar en España. Los restantes, aunque contaban con autorización, no estaban dados de alta en el sistema de la Seguridad Social. Este doble incumplimiento evidencia una clara violación de las normativas laborales.
Además de estas irregularidades administrativas, las condiciones laborales impuestas a estos trabajadores también son alarmantes: falta de herramientas y medios de protección, jornadas agotadoras de más de 12 horas, de lunes a domingo, sin descansos ni vacaciones.
La investigación también reveló que los jornaleros en situación irregular recibían salarios muy por debajo del salario mínimo interprofesional (no superaban los seis euros por hora), mientras que aquellos con autorización percibían siete euros por hora. Incluso sufrían deducciones diarias de cinco euros por gastos de traslado al trabajo.