La Policía Nacional y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han destapado irregularidades en el cobro de prestaciones por desempleo en Murcia después de citar a 231 beneficiarios para revisar sus expedientes y comprobar que cumplían los requisitos exigidos. La sorpresa llegó cuando 141 personas no se presentaron a la convocatoria y solo 90 acudieron. La operación, iniciada por las sospechas de documentación falsa y suplantaciones de identidad, ha permitido evitar pagos por cerca de 180.000 euros.
Todo comenzó cuando los funcionarios del SEPE detectaron un aumento inusual de solicitudes de prestaciones por desempleo en las oficinas de Murcia capital. Ante la posibilidad de que algunas personas estuvieran intentando acceder a estas ayudas mediante documentación falsa o utilizando identidades ajenas, se organizó un dispositivo conjunto con la Policía Nacional para comprobar la situación de quienes figuraban como beneficiarios.
El SEPE sanciona a 68 beneficiarios y paraliza el pago a otros 73
Los agentes y funcionarios convocaron presencialmente a 231 personas para verificar su identidad y revisar la documentación relacionada con las prestaciones que estaban cobrando. Durante estas comprobaciones, los 90 beneficiarios que sí acudieron recibieron información sobre sus obligaciones legales y los requisitos que debían seguir cumpliendo para mantener las ayudas.
Sin embargo, las otras 141 personas no acudieron a la citación, lo que llevó al SEPE a adoptar distintas medidas sobre sus expedientes. En 68 casos se impuso una sanción de un mes de suspensión de la prestación por una infracción leve, una medida que supone un ahorro estimado de 56.446 euros. A los otros 73 beneficiarios se les paralizó el cobro, con otros 43.347 euros en pagos suspendidos.
La normativa obliga a quienes reciben prestaciones por desempleo a atender los requerimientos del organismo gestor cuando son citados para comprobar su situación. El artículo 24 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece que no acudir sin una causa justificada puede constituir una infracción leve, cuya sanción puede implicar la suspensión temporal de la ayuda.
Detectan a 13 personas que cobraban el paro tras salir al extranjero sin comunicarlo
Las comprobaciones también permitieron descubrir que 13 beneficiarios habían trasladado su residencia o se habían desplazado al extranjero sin comunicarlo debidamente al SEPE. Estas personas seguían figurando como perceptoras de las ayudas, pese a que sus salidas debían haberse comunicado al organismo encargado de gestionar las prestaciones. Por estos hechos se iniciaron actuaciones para extinguir las prestaciones afectadas, con un ahorro estimado de 79.120 euros.
El SEPE exige que los beneficiarios comuniquen sus desplazamientos fuera de España, ya que las condiciones para seguir cobrando dependen de la duración de la estancia y de su motivo. El organismo dispone de un formulario oficial para comunicar las salidas al extranjero mientras se cobra una prestación.