Lo que comenzó como una investigación interna para destapar un supuesto fraude laboral ha terminado costándole a una empresa más de 380.000 euros.
La compañía sospechaba que uno de sus empleados estaba trabajando para otra empresa mientras se encontraba de baja médica. Convencida de ello, contrató a un detective privado para seguir sus movimientos y reunir pruebas. Sin embargo, los tribunales han concluido que aquellas sospechas no justificaban el despido.
El trabajador, Alan Jones, de 59 años, llevaba más de tres décadas en la misma empresa. Finalmente, la Justicia le ha dado la razón y la indemnización asciende a 329.000 libras esterlinas, cerca de 380.000 euros.
Una sospecha durante la baja médica que acabó en despido
Según explicó el despacho de abogados que representó al trabajador, Thompsons Solicitors, la empresa decidió contratar a un detective privado después de recibir varios avisos de compañeros que apuntaban a que el empleado estaba realizando actividades incompatibles con su baja médica.
La vigilancia se centró en varias visitas que realizaba a una granja comunitaria de la zona, donde colaboraba de forma puntual mientras atravesaba problemas de salud física y mental.
El trabajador, Alan Jones, llevaba vinculado a la compañía desde 1983. Entró como aprendiz y con el paso de los años llegó a ocupar un puesto de jefe de equipo. Su situación cambió tras desarrollar una neuropatía relacionada con el tratamiento que recibió décadas antes contra un linfoma de Hodgkin. La enfermedad le provocó una importante pérdida muscular en el hombro y problemas de salud mental que terminaron derivando en una baja médica.
Fue durante ese periodo cuando comenzaron las sospechas dentro de la empresa y se puso en marcha la vigilancia que acabaría desembocando en su despido.
Las imágenes que llevaron a la empresa a despedirlo
La vigilancia contratada por la empresa se prolongó durante varios días. Las grabaciones mostraban a Alan Jones visitando una granja comunitaria de la zona y realizando pequeñas tareas puntuales.
Entre las imágenes analizadas durante el procedimiento aparecía ayudando a otras personas en actividades cotidianas. Según explicó posteriormente el propio trabajador, una de las escenas que la empresa utilizó como prueba consistía simplemente en pasar una manguera a un amigo que preparaba flores para la boda de su hija.
La compañía interpretó aquellas grabaciones como una evidencia de que el empleado estaba en condiciones de trabajar y que su actividad era incompatible con la situación de baja médica en la que se encontraba. Por eso decidieron despedirlo por falta grave en octubre de 2019.
La Justicia concluyó que las sospechas no eran suficientes
El conflicto acabó llegando a los tribunales y la valoración judicial fue muy distinta a la realizada por la empresa.
Los jueces consideraron que las grabaciones obtenidas por el detective no demostraban que Alan Jones pudiera desempeñar las funciones habituales de su puesto de trabajo ni que estuviera desarrollando una actividad laboral incompatible con su situación médica.
Además, el tribunal subrayo que la empresa tomara la decisión de despedirlo sin solicitar previamente una opinión médica actualizada que permitiera realmente determinar si aquellas actividades realmente eran incompatibles con su estado de salud.
Los jueces que llevaron el caso concluyeron que el despido se sustentó en suposiciones y no en pruebas médicas objetivas, por lo que declararon el despido como improcedente y fijaron una indemnización de 329.000 libras esterlinas, alrededor de 380.000 euros, a favor del trabajador.
Caso similar en España
Aunque este caso ocurrió en Reino Unido, los tribunales españoles también han analizado despidos de trabajadores que se encontraban de baja médica y realizaban determinadas actividades fuera de su puesto de trabajo.
Un ejemplo reciente es el de un empleado que fue despedido después de que la empresa descubriera que ayudaba ocasionalmente en el negocio de hostelería de su pareja mientras permanecía en situación de incapacidad temporal. Sin embargo, la Justicia terminó concluyendo que el despido no estaba justificado y obligó a la compañía a readmitirlo o indemnizarlo.
La historia guarda ciertas similitudes con la de Alan Jones. En aquel caso, también se señaló que las actividades realizadas por el trabajador no eran incompatibles con su situación de IT y por eso declaró el despido improcedente concediéndole al trabajador una indemnización de 84.492 euros.