El Tribunal Constitucional, tras el recurso presentado por el Gobierno Vasco, anula el Real Decreto que regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE), dejando su administración a cargo de las autonomías.
Este Programa, destinado a desempleados de larga duración con cargas familiares y sin ingresos laborales, prevé una ayuda excepcional de 426€. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional , no hay que temer que los pagos se vean perjudicados, únicamente las competencias sobre ellos, y los adjudicatarios de exactamente los mismos sostendrán su derecho al cobro.
Los pagos no se van a ver perjudicados, únicamente las competencias sobre ellos.
El Gobierno vasco presentó un recurso al decreto por estimar que invadía las competencias autonómicas, puesto que a su criterio, la administración de esas ayudas debe recaer sobre el servicio vasco de empleo (Lanbide), puesto que las políticas activas de empleo fueron transferidas a Euskadi en 2010.
El letrado del Estado alego en defensa de la competencia para el Estado que la citada ayuda “es una prestación por desempleo en el campo del título competencial de administración económica de la Seguridad Social”.
Aunque el Constitucional estima que la ayuda es una subvención de promuevo del empleo y de inserción laboral, algo que es competencia vasca, como de las autonomías.
Recordemos que el Programa de Activación para el Empleo (PAE) se creó en 2014, y su última prórroga concluye el mes próximo de abril. En dos 2017, el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados aprobó la prórroga y modificación del PAE para facilitar el acceso a un mayor número de desempleados.
Mesa de Diálogo Social. Gobierno, Patronal y Sindicatos van a deber llegar a un pacto, ya antes de abril, en una de las mesas del Diálogo Social, para comprobar y aunar los subsidios que perciben los parados de larga duración: Plan Prepara, PAE y la Renta Activa de Inserción (RAI).