Uno de los objetivos que tiene marcado la ministra Yolanda Díaz es aprobar el Estatuto del Becario y poner fin a las malas prácticas que realizan las empresas. La normativa quiere evitar que las empresas sigan contratando becarios para cubrir puestos de trabajo.
Antes de ponerse en marcha este Estatuto, desde Inspección de Trabajo se ha llevado a cabo una campaña de control de prácticas no laborales en las empresas, y por la cual descubrió el mal uso de esta empresa, que llegó a tener más becarios que trabajadores.
Según detalla la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia del 14 de marzo de 2023, los becarios de esta compañía realizaban las tareas en las mismas condiciones y con las mismas características que el resto de trabajadores, además de no contar con una actividad real de enseñanza y docencia. Si no que al fin y al cabo estos becarios estaban ocupando puesto útil dentro de la compañía.
Además, llama la atención que la empresa tiene mayor número de becarios que trabajadores por cuenta ajena prácticamente en todos los departamentos. Por lo que esto ha sido otra de las razones de peso para que la justicia determinara que se está cubriendo necesidades de mano de obra con becarios. En total, la empresa tenía 31 becarios por 27 trabajadores.
Falsos becarios que en realidad eran trabajadores
Los becarios tenían asignadas funciones concretas, un puesto de trabajo fijo equivalente al de los trabajadores por cuenta ajena, correo corporativo, horario fijo, recuperación de ausencias no justificadas y vacaciones equivalentes a las de los demás trabajadores.
Por tanto, para la Sala, recalca, que la empresa ha obviado, por completo, que la finalidad de estos contratos es formativa y no para cubrir necesidades de mano de obra. La sentencia aclara que la formación exige la rotación por los diferentes departamentos para obtener una formación integral, lo que en esta empresa no sucedía.
Con todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado la sentencia de la Sala de lo Social y la propuesta de sanción de 3.126 euros por cada infracción (11 trabajadores afectados) con un incremento del 50%, por lo que la sanción final es de 51.579 euros.