Una orden interna retrasa las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital

Desde que se abrió el plazo de solicitudes la Seguridad Social ha recibido  más de 800.000 solicitudes, una prestación que podría servirles de apoyo en estos momentos tan marcados por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, sin embargo, hace apenas unas semanas, la propia administración dejo en evidencia la falta de personal para gestionar esta prestación.

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La Seguridad Social tiene un enorme retraso en las tramitaciones, lo que ha provocado un colapso y todo por la falta de personal y es que  apenas ha reconocido algo más de 6.000 prestaciones de todas las solicitudes presentadas (sin contar las cerca de 80.000 que concedió de oficio).

Para paliar esta situación el Gobierno de España se ha gastado 7,6 millones para la contratación de  personal subcontratado por parte de la empresa Tragsatec para agilizar estas tramitaciones (también es la empresa a la que recurrió el Gobierno para agilizar las tramitaciones de los ERTE) , sin embargo este personal contratado no pueden validar las solicitudes, estas tienen que ser validadas por empleados públicos.

El Gobierno gasta 7,6 millones en personal subcontratado para agilizar el IMV y estos no pueden validar las solicitudes

Ahora de nuevo vuelve la polémica tras la declaración de un trabajador de Tragsatec al diario «La Razón» de que recibió instrucciones para retrasar la aceptación de los expedientes, a pesar de que esté bien presentada.

Según este trabajador, las ordenes que recibieron fueron las de reducir las categorías de clasificación iniciales, las 8 o 9 que utiliza la Seguridad Social a solo tres: “Iniciado”, “Paralizado” o “Requerido”. El problema radica en que, según ha denunciado el propio trabajador, algunos expedientes se dejan en «requerido» cuando tendrían que admitirse como «conformes».

El Gobierno se plantea que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital realicen trabajos para la comunidad

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