El número de empleados públicos afectados por el abuso de temporalidad ha abierto una nueva batalla alrededor de los interinos. El Gobierno cifra en menos de 200.000 los trabajadores afectados por el abuso de temporalidad, mientras representantes del colectivo aseguran que el número real es mucho mayor y sitúan en hasta 900.000 los empleados públicos perjudicados.
Una diferencia de 700.000 personas y que surge en buena medida en quienes entran en ese recuento de abuso de temporalidad. Según denuncia la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI), quedarían fuera trabajadores que fueron cesados después de años de servicio y empleados que han encadenado nombramientos con interrupciones. Detrás de esos números hay profesionales de la Sanidad, Educación, Justicia y administraciones locales que llevan años trabajando como temporales.
El Gobierno cuenta menos de 200.000 casos y los interinos cuestionan el cálculo
La cifra de menos de 200.000 trabajadores aparece en plena negociación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para abordar de nuevo la elevada temporalidad de las administraciones públicas. Según las informaciones conocidas, Función Pública habría llegado a ese número tras cruzar los datos de empleados que acumulan más de tres años de temporalidad.
ANSITI rechaza que ese cálculo refleje el tamaño real del problema al considerar que se estaría contando principalmente a quienes siguen actualmente en su puesto y acumulan más de tres años seguidos de servicio. Bajo ese criterio, un empleado que ocupó durante años una necesidad permanente y posteriormente fue cesado podría desaparecer del recuento.
Lo mismo ocurriría, según denuncia la asociación, con determinados trabajadores que han sufrido interrupciones entre nombramientos. Es una situación que puede darse en sectores como Sanidad o Educación, donde una misma persona puede trabajar durante años para la Administración sin mantener de forma ininterrumpida el mismo nombramiento.
Esta diferencia en la forma de contar explica buena parte de la diferente entre el número de funcionarios afectados por el abuso de la temporalidad. ANSITI eleva hasta 900.000 los empleados perjudicados por la temporalidad, mientras otras estimaciones recogidas por los expertos consultados hablan de entre 600.000 y 800.000 posibles afectados por situaciones de abuso. Estas cifras no permiten afirmar que todos esos trabajadores se encuentren jurídicamente en fraude de ley, pero ponen el foco sobre el criterio utilizado para medir el problema.
No todo trabajador interino está en abuso de temporalidad
No todos los trabajadores interinos se encuentran en abuso de temporalidad. Hay casos en los que la contratación temporal está justificada, como cuando se necesita sustituir a un empleado que está de baja o cubrir una necesidad puntual. El problema aparece cuando la Administración mantiene durante años a un trabajador temporal para cubrir una necesidad que, en realidad, es permanente.
El artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público fija para las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos un máximo general de tres años. La propia normativa recoge otras situaciones en las que se puede recurrir a personal interino, como las sustituciones transitorias, determinados programas temporales o la acumulación de tareas.
España sigue con más de un 30% de temporalidad en el empleo público
La ‘pelea’ por las cifras llega después de varios procesos extraordinarios destinados precisamente a reducir el empleo temporal. Pese a las plazas estabilizadas durante los últimos años, las informaciones analizadas sitúan la temporalidad pública todavía por encima del 30%, muy lejos del objetivo del 8% que se ha marcado para las administraciones.
Una de las estimaciones recogidas a partir de los datos de Función Pública sitúa en unos 937.000 los empleados públicos temporales. Buena parte se concentra en las comunidades autónomas, donde se encuentran algunas de las plantillas públicas más numerosas. La Sanidad aparece especialmente afectada, con una temporalidad que, según los datos recogidos, supera el 42%.
Los procesos de estabilización han permitido que miles de trabajadores consigan una plaza, pero no han acabado con el problema. El catedrático de Derecho Administrativo Federico Castillo apunta a la lentitud de la propia Administración para cubrir definitivamente las plazas. Mientras un proceso selectivo puede tardar años, sigue siendo necesario contar con médicos, profesores, personal de Justicia o empleados administrativos y esas necesidades terminan cubriéndose de forma temporal.
El resultado es que se estabilizan miles de plazas mientras la temporalidad vuelve a crecer por otro lado. En Educación, por ejemplo, los procesos extraordinarios llegaron a estabilizar alrededor de 117.000 personas, pero el porcentaje de temporales ha vuelto a situarse en niveles elevados.
El Gobierno prepara nuevos controles para evitar que el problema vuelva a repetirse
Función Pública trabaja ahora con las comunidades autónomas en nuevas medidas para frenar estas situaciones. Entre las propuestas conocidas aparece un sistema de alertas que avisaría a las administraciones cuando un empleado esté cerca de alcanzar los tres años ocupando una plaza vacante como interino.
También se trabaja en un sistema de sanciones para las administraciones que mantengan situaciones irregulares. Son medidas dirigidas principalmente a evitar nuevos abusos, pero dejan abierta la parte más complicada del problema, qué hacer con quienes ya llevan años trabajando como temporales o incluso han sido cesados.
Ahí es donde representantes de los interinos ponen el foco. Consideran que evitar nuevos casos no resuelve por sí solo la situación de quienes han pasado buena parte de su vida laboral encadenando nombramientos. ANSITI denuncia además que algunos de esos trabajadores han salido de la Administración después de 15 o 20 años de servicio sin recibir indemnización.
La fijeza y las indemnizaciones siguen en el centro del problema
Que se reconozca un abuso de temporalidad tampoco significa que el trabajador vaya a convertirse automáticamente en fijo. Qué solución debe darse a quienes llevan años en esta situación sigue siendo una de las principales cuestiones pendientes, tanto para los afectados como para las administraciones y los tribunales.
Las medidas que el Gobierno ha ido realizando ha sido convertir estos interinos en indefinido no fijos, pero el Supremo ha dicho recientemente que no es una medida que solucione el problema, ya que siguen siendo a todo los efectos temporales. Para muchos, la única vía pasaría por hacer fijos a todos los funcionarios interinos que han sufrido abuso de la temporalidad, algo que ocurre en el sector privado cuando un contrato temporal está en fraude de ley este pasa a ser indefinido. No obstante, el Supremo ya se ha pronunciado y no comparte esta idea. El alto tribunal si considera aceptable la fijeza de quienes hayan sufrido abuso de temporalidad y hayan superado un proceso de selección, considera que hacer fijos a todos los interinos que han supondría vulnerar tanto la Constitución Española como el Estatuto Básico del Empleado Público, ya que se romperían los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.