Cruz Roja ha comunicado a los sindicatos un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 61 trabajadores. La decisión llega apenas unos meses después de otro despido colectivo que supuso la salida de 79 empleados y convierte a este en el cuarto ERE presentado por la organización en los últimos dos años.
La medida ha generado una fuerte reacción entre los representantes de los trabajadores. Desde UGT aseguran que una situación así es poco habitual en las ONG y entidades sociales y denuncian que Cruz Roja está recurriendo de forma continuada a los despidos colectivos pese a su tamaño y capacidad para recolocar a parte de la plantilla.
Dos ERE fueron anulados por los tribunales
A finales de 2023 la Justicia obligó a readmitir a 148 trabajadores tras considerar que la organización había ejecutado un despido colectivo encubierto sin seguir el procedimiento legal correspondiente.
Posteriormente, en 2024, la entidad promovió otro ERE que afectaba a 321 personas. Sin embargo, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo terminaron anulándolo por irregularidades en la tramitación y por no facilitar toda la documentación necesaria durante la negociación.
Tras aquellas resoluciones judiciales, Cruz Roja negoció un nuevo expediente a finales de 2025 que afectó a 79 trabajadores y que sí contó con acuerdo sindical. Entre las condiciones pactadas figuraban indemnizaciones de 33 días por año trabajado y un mínimo de 2.500 euros por empleado.
El nuevo ajuste llega apenas tres meses después del anterior
La rapidez con la que se ha planteado este nuevo ERE es uno de los aspectos que más preocupa a los sindicatos. Según denuncian, apenas ha transcurrido el plazo legal mínimo desde el expediente anterior cuando la organización ya ha iniciado otro proceso de despido colectivo.
La dirección de Cruz Roja justifica estas salidas por la finalización de contratos y licitaciones públicas. Sin embargo, los representantes de los trabajadores creen que en numerosos casos sería posible recolocar al personal en otros programas o servicios de la entidad.
Además, aseguran que muchos de los afectados acumulan años de experiencia dentro de la organización y que parte de ellos tienen edades que dificultan su reincorporación al mercado laboral.
Los sindicatos denuncian contrataciones mientras se producen despidos
Desde UGT y CCOO no ven coherente que a la vez que se impulsa expediente de regulación de empleo la ONG continúa realizando nuevas contrataciones. Por ello consideran que existe una falta de planificación en la gestión de personal y una escasa voluntad para conservar puestos de trabajo.
Según explican, parte de la situación tiene relación con el fin de los contratos temporales de obra y servicio tras la reforma laboral. Esta modalidad era utilizada habitualmente en programas vinculados a campañas concretas y permitía extinguir los contratos con mayor facilidad cuando finalizaban los proyectos.
Ahora, los sindicatos reclaman una política de recursos humanos más estable que reduzca la dependencia de los despidos colectivos y garantice una mayor continuidad laboral para las plantillas.