El foco ya no está solo en Europa, sino en lo que puede pasar ahora en España. El abogado laboralista Javier Arauz, representante de miles de interinos, lo tiene claro tras el último fallo europeo, la Administración se enfrenta a una decisión sin escapatoria.
O convierte en fijos a los trabajadores temporales en abuso o asume un coste económico que puede ser millonario.
“No hay alternativa”: la advertencia del abogado de los interinos
Arauz asegura que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es “contundente” y deja poco margen de interpretación. A su juicio, las medidas actuales no sirven y la única solución real es la fijeza.
Según explica, mantener figuras como el indefinido no fijo no resuelve el problema, ya que sigue siendo una relación temporal encubierta. Por eso insiste en que “solo cabe la estabilización automática” de los afectados.
Este planteamiento llega después de que la justicia europea concluyera que España no sanciona correctamente el abuso de interinos, cuestionando todo el sistema actual.
Fijeza o indemnizaciones sin límite
El abogado va más allá y advierte de las consecuencias si no se opta por hacer fijos a estos trabajadores. La alternativa, explica, sería indemnizar a los afectados sin un tope claro, lo que podría disparar el coste para las arcas públicas.
A esto se sumarían posibles sanciones de la Unión Europea si España no adapta su normativa para cumplir con las exigencias comunitarias.
En paralelo, el Gobierno ya ha mostrado su rechazo a esta vía, como ya explicó al descartar la conversión automática en fijos pese al aviso de Europa, lo que anticipa un choque directo en los tribunales.
Una solución intermedia: el “fijo a extinguir”
Como alternativa, Arauz plantea recuperar la figura del fijo a extinguir. Se trata de un modelo que permitiría a los interinos mantener su puesto con derechos similares a los funcionarios hasta su jubilación o salida voluntaria.
Después, la plaza volvería a salir a oposición. Es una fórmula que ya se utilizó en el pasado y que el abogado considera viable para cumplir con Europa sin alterar completamente el sistema de acceso al empleo público.
Miles de demandas pendientes y un fallo clave del Supremo
La magnitud del problema es enorme. Entre 40.000 y 50.000 procedimientos judiciales están paralizados a la espera de una decisión definitiva.
Ahora será el Tribunal Supremo quien tenga que fijar doctrina y decidir cómo aplicar el criterio europeo en España.
En juego no solo está el futuro laboral de cientos de miles de interinos, sino también el coste económico y el modelo de empleo público para los próximos años.