Tal y como les solicitó el Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO han presentado su propuesta para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026, que contempla un incremento del 7,5%, hasta alcanzar los 1.273 euros brutos al mes en 14 paga, por lo que cualquier trabajador a jornada completa pasaría a cobrar como mínimo 17.822 euros al año.
Este aumento, que supondría 89 euros más mensuales respecto al salario actual de 1.184 euros, está condicionado a que el SMI comience a tributar por primera vez en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Es decir, si desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que el SMI tribute, los sindicatos exigen esta subida para compensarlo. Ahora bien, si finalmente desde Hacienda se ajusta el límite exento de tributar a la cuantía del SMI, los sindicatos aceptarían un salario inferior a los 1.273 euros.
Los motivos de los sindicatos para esta nueva subida del SMI
La razón fundamenta para solicitar un aumento tan elevado se basa en mantener la proporcionalidad con el 60% del salario medio, que es el umbral que fija la Carta Social Europea como referencia de salario digno. Si el salario mínimo comenzara a tributar IRPF, como plantean los sindicatos, la única forma de conservar ese 60% neto sería aumentando la cuantía bruta hasta los 1.273 euros.
En caso de que el SMI no tribute, los sindicatos aceptarían una subida más moderada del 2,7%, hasta los 1.216 euros brutos mensuales.
Las empresas no podrán compensar o absorber la subida con los pluses
Los sindicatos, tal y como comunicaron al inicio de las negociaciones, han dejado claro que quieren limitar la posibilidad de las empresas para compensar el aumento del SMI mediante la absorción de pluses salariales.
Esta práctica está reconocida en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, y ha sido avalada por el Tribunal Supremo en distintas sentencias, incluida una de enero de 2022, que confirmó que incluso el plus de antigüedad puede tenerse en cuenta para comprobar si se alcanza el salario mínimo.
Tanto UGT como CCOO exigen que se limite esta práctica y proponen que el real decreto de 2026 incluya una dedición más clara de los complementos que sí pueden ser compensados (como los ligados a la productividad) y aquellos que no deben serlo (como los relativos a condiciones peligrosas o tóxicas).
No obstante, reconocen que no se puede modificar el Estatuto de los Trabajadores mediante un real decreto, y, por tanto, su aspiración de eliminar totalmente estas compensaciones se ve limitada. Aun así, apuestan por una solución técnica que permita ordenar este aspecto dentro del marco legal actual.
Rechazo de la patronal
Desde la patronal CEOE, la respuesta ha sido tajante. Consideran que la propuesta sindical es «desorbitada» y que una subida del 7,5% pondría en riesgo a muchas pequeñas y medianas empresas. Advierten que podría destruir empleo y suponen que esta presión fiscal adicional perjudicaría a la sostenibilidad empresarial.
Como alternativa, la patronal sugiere elevar el mínimo exento del IRPF o deflactar los tramos del impuesto para proteger el poder adquisitivo sin penalizar a las empresas. En cuanto a la limitación de los pluses, la CEOE se opone completamente, argumentando que esta práctica es legal y necesaria para muchas compañías.