El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes 12 de septiembre recoge el nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027. Este nuevo plan pone en el centro de sus acciones a quienes más lo necesitan, las personas trabajadoras, por ello aumentará sus actuaciones para proteger derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
Aumento de denuncias y demanda social
Uno de los elementos clave que justifica esta nueva orientación es el notable incremento de denuncias recibidas por la Inspección. Entre 2021 y 2024, las denuncias y comunicaciones en el buzón de la ITSS aumentaron un 43%.
Los seis ejes de actuación para proteger derechos fundamentales
Estas son las seis grandes prioridades del plan para proteger mejor a las personas trabajadoras:
1. Estabilidad en el empleo y lucha contra el fraude en la contratación
La contratación irregular sigue siendo uno de los principales focos de infracción. A pesar del impacto positivo de la reforma laboral de 2021, persisten prácticas abusivas como el uso indebido del contrato fijo discontinuo o sobre todo la fórmula que han encontrado las empresas para convertir los contratos fijos en falsos contratos temporales, despidiendo a los trabajadores con la excusa de no superar el período de prueba
El plan incluye medidas específicas para detectar y sancionar estos fraudes, mediante el uso de tecnología para cruzar datos masivos, campañas de choque, y la revisión detallada de contratos.
2. Control de la jornada laboral y derecho al descanso
El tiempo de trabajo es otro de los asuntos que más denuncias genera. El incumplimiento de los horarios, la realización de horas extra sin compensación y la falta de desconexión digital han puesto en alerta a la Inspección, que solo en 2024 tramitó más de 21.000 expedientes relacionados con este tema.
El plan propone impulsar un registro de jornada digital que facilite el control de los tiempos de trabajo y descanso, especialmente en el ámbito del teletrabajo, donde se multiplican los riesgos psicosociales. En este sentido, el Ministerio de Trabajo ha sacado ya a consulta pública su reforma del registro horario.
3. Garantía del derecho al salario
El salario es, sin duda, el pilar más visible del contrato laboral. Las denuncias por impago o retrasos salariales también ocupan un lugar destacado en la actividad inspectora.
El nuevo plan establece actuaciones dirigidas a vigilar el cumplimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), detectar posibles fraudes mediante cruces de datos con la Seguridad Social y reforzar el control en sectores vulnerables o altamente feminizados.
4. Seguridad y salud en el trabajo
Garantizar un entorno laboral seguro es otra de las grandes prioridades. El derecho a la seguridad y salud en el trabajo ha sido reconocido como derecho fundamental por la OIT en 2022, y este nuevo enfoque refuerza el papel de la Inspección en esta materia.
Las actuaciones previstas se centrarán en la prevención de riesgos, con especial atención al cáncer de origen profesional, los sectores de alta siniestralidad, y los efectos de la digitalización y el envejecimiento poblacional sobre la salud laboral.
5. Igualdad de género y lucha contra la discriminación
El plan dedica un apartado específico al principio de igualdad. Las medidas contemplan la persecución de prácticas discriminatorias por razón de sexo, el control del acoso sexual en el entorno laboral y la vigilancia del impacto de las nuevas tecnologías sobre la igualdad de trato.
También se apuesta por reforzar la perspectiva de género en las actuaciones inspectora, especialmente en lo relativo a la brecha salarial, la parcialidad involuntaria y la conciliación familiar.
6. Lucha contra el trabajo no declarado y nuevas formas de empleo
El auge de plataformas digitales como Glovo, los falsos autónomos y otras formas de precariedad encubierta suponen un desafío urgente. El plan incluye también medidas para sacar a la luz empleo oculto y frenar las empresas buzón, las cooperativas de trabajo asociado irregulares o el abuso del contrato a tiempo parcial.
Además, se dará prioridad al control del teletrabajo y a la protección del colectivo joven, que sigue siendo especialmente vulnerable ante estas prácticas.