Aunque han pasado algo más de 5 años desde que se decretara el estado de alarma en España debido a la pandemia del coronavirus, aún está presente en muchos ciudadanos. Sobre todo de aquellos que lo vivieron en primera línea de ‘batalla’, como es el caso de una médica de familia del Centro de Salud de Sagunto. Esta profesional sanitaria ha estado luchando durante años para que se le pagara lo que le corresponde por su baja médica debido a que fue contagiada. Una larga lucha en los juzgados que ha terminado con una resolución favorable, al menos por el momento, que obliga a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana a pagarle casi 30.000 euros.
Se contagió en los primeros días y le dejo secuelas graves
En los primeros días de marzo de 2020, mientras la incertidumbre crecía y los contagios se multiplicaban en todo el país, una médica de familia del Centro de Salud de Sagunto se enfrentaba a la pandemia desde la primera línea. Sin formación específica, sin evaluación de riesgos actualizada y sin garantías de contar con los equipos de protección adecuados, seguía acudiendo a su consulta.
El 16 de marzo de 2020, dio positivo por COVID-19. Cuatro días más tarde, tuvo que ser ingresada. Su estado de salud se agravó rápidamente y fue trasladada a la UCI, donde permaneció 28 días, intubada y luchando por su vida.
La médica sobrevivió, pero las secuelas físicas fueron graves y duraderas. Se le reconoció una discapacidad del 44%, movilidad reducida y un grado de dependencia moderada. Estuvo más de un año de baja laboral, aunque inicialmente se le reconoció la baja médica por enfermedad común, solicitó ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que fuera reconocido como accidente laboral. El INSS aceptó su petición, al considerar que el virus lo contrajo mientras estaba trabajando en contacto directo con pacientes.
Además, la Inspección de Trabajo propuso un recargo del 30% en las prestaciones, al considerar que existió una falta de medidas de seguridad y salud laboral. Esta resolución administrativa no fue recurrida.
El caso llegó a los tribunales
El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que en su sentencia apoyó la decisión del Juzgado de lo Social número 13, que condenaba a la Generalitat Valenciana a pagarle 29.939,58 euros.
El tribunal valoró los hechos concretos y no se dejó convencer por los argumentos generales de la Generalitat, que insistía en la dificultad de prever la pandemia y en las acciones preventivas que supuestamente llevó a cabo. El TSJCV, sin embargo, subrayó que en este caso individual quedó demostrada la relación directa entre la falta de medidas de protección adecuadas y el daño sufrido por la trabajadora.
Además, la Sala consideró que la resolución administrativa firme del INSS imponiendo un recargo del 30% por falta de prevención reforzaba aún más la existencia de responsabilidad civil. A pesar de que no existía una sentencia judicial sobre el recargo, el hecho de que la Generalitat no hubiera recurrido la resolución equivalía, según el tribunal, a un reconocimiento tácito de los hechos.
La sentencia subraya que, en este caso, no se trataba de asumir responsabilidad por el contexto general de la pandemia, sino por la omisión concreta de medidas preventivas que, de haberse aplicado correctamente, podrían haber evitado el contagio o mitigado su gravedad.