El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia histórica este 1 de agosto de 2025, condenando a España por no cumplir con la Directiva (UE) 2019/1158, que exige a los Estados miembros medidas efectivas para la conciliación laboral y familiar. La sanción asciende a un pago único de 6.832.000 euros, además de una multa diaria de 19.700 euros si continúa el incumplimiento.
La base de la sanción: Directiva sobre conciliación
La Directiva (UE) 2019/1158, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en junio de 2019, establece unas normas mínimas para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de progenitores y cuidadores. La norma da derechos como permisos parentales retribuidos, con libertad para que los Estados definan la edad del menor beneficiado y las semanas remuneradas.
Los países tenían hasta el 2 de agosto de 2024 para transponer esta norma a sus legislaciones nacionales. España, sin embargo, no cumplió a tiempo ni comunicó debidamente las medidas adoptadas, lo que llevó a la Comisión Europea a presentar un recurso en enero de 2024.
Un incumplimiento reiterado
En su fallo, el TJUE subraya que España no adoptó ni comunicó todas las disposiciones legales necesarias, a pesar de haber sido advertida formalmente por la Comisión Europea. A la fecha del juicio, tampoco había corregido completamente el incumplimiento, lo que agrava la situación y justifica esta importante sanción económica.
El tribunal insiste en que esta omisión vulnera el Derecho de la Unión y compromete la igualdad de género en el empleo, calificando la infracción como de “gravedad considerable”. Además, rechaza cualquier atenuante que el Gobierno español intentó presentar.
El decreto de última hora: ¿solución o parche?
La sentencia se conoció apenas tres días después de que el Gobierno español aprobara el RD-Ley 9/2025, que fue publicado en el BOE el 30 de julio y está pendiente de convalidación parlamentaria. Este decreto amplía a dos semanas retribuidas el permiso para el cuidado de hijos menores de ocho años, dentro de un total de ocho semanas disponibles.
Este movimiento de última hora se considera una reacción directa al proceso judicial en marcha. Desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, se asegura que con esta nueva norma España ha dejado de incumplir la directiva, lo que podría librarla de la multa diaria futura.
Coste económico y político
La medida aprobada tiene un coste estimado de 1.500 millones de euros para el Estado, ya que las semanas retribuidas se compensarán al 100% de la base reguladora. Este gasto se suma ahora a los casi 7 millones de euros de sanción directa y al posible acumulado por la multa diaria si el TJUE determina que España sigue incumpliendo la normativa.
Cabe recordar que el primer intento de legislar estas medidas fue en 2023, con la fallida Ley de Familias, que no logró pasar el trámite parlamentario.