La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que el próximo martes 29 de abril el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Una medida anunciada para 2024, pero que se ha ido retrasando más de lo esperado y acordado por el Gobierno.
Con la aprobación, si es que sale adelante, aunque todo hace pensar que sí, no significará que vaya a entrar en vigor y que se modifique el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Pero si marcará el inicio del trámite parlamentario, un paso clave para convertir esta iniciativa en ley.
Una medida con respaldo sindical, pero con dudas políticas
Este proyecto, impulsado desde el Ministerio de Trabajo y avalado por sindicatos como CCOO y UGT, ya fue aprobado por el Gobierno en una primera vuelta el pasado 4 de febrero. Desde entonces, ha recibido un informe crítico por parte del Consejo Económico y Social (CES), que refleja la oposición de las patronales. Pese a ello, el Ejecutivo está decidido a seguir adelante con la propuesta.
Durante la clausura del congreso de CCOO Industria, Díaz ha apelado al «sentido común» para convencer al resto de grupos parlamentarios. “No va a ser fácil”, admitió, destacando que hará falta “inteligencia y argumentos” en un contexto de fuerte presión empresarial.
Junts y PNV, claves en la negociación
El éxito del proyecto dependerá en gran parte de los apoyos de formaciones como Junts y el PNV, socios habituales del Gobierno que, sin embargo, se han mostrado escépticos. Las patronales han intensificado sus contactos con estos partidos para tratar de frenar la reforma. En este sentido, la patronal catalana Pimec, que inicialmente parecía un posible puente con Junts, se ha sumado a los actos en contra de la ley.
Retrasos en la tramitación y consecuencias para los convenios
La presentación en el Congreso llega con retraso respecto a los planes iniciales del Ministerio de Trabajo, que preveía que la ley se debatiera ya en febrero o marzo. Esta demora ha empezado a afectar a las negociaciones de convenios colectivos, ya que empresas y sindicatos siguen sin saber cómo quedará fijada la jornada anual.
Esta reducción también plantea dudas sobre cómo se aplicará en contratos a tiempo parcial, cuya situación requerirá ajustes específicos. Así les afectará el nuevo límite de 37,5 horas.
Además, la entrada en vigor de esta normativa no solo implica cambios en los horarios, sino también en la forma de controlar la jornada laboral, que avanza hacia una digitalización obligatoria. España dice adiós al papel para registrar la jornada.
El acuerdo con los sindicatos establecía que la ley comenzaría a aplicarse justo después de ser publicada en el BOE, aunque se daba plazo hasta el 31 de diciembre para que empresas y trabajadores acordaran cómo organizar los nuevos horarios. Sin embargo, debido a los retrasos, ese tiempo ahora se considera demasiado corto por parte de sindicatos y empresarios.
Un trámite parlamentario de meses
La tramitación parlamentaria de este tipo de leyes suele durar una media de cinco meses, aunque podría acelerarse si se declara de urgencia. Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, los partidos tendrán 15 días para presentar enmiendas o propuestas de veto. Luego, la ley se debatirá en la Comisión de Trabajo y, posteriormente, en el Pleno del Congreso.
Si logra el respaldo necesario, la ley pasará al Senado, que dispondrá de dos meses para modificarla, vetarla o ratificarla. En caso de cambios o veto, el texto volvería al Congreso. Si se aprueba sin cambios, se publicaría finalmente en el BOE.
Con los plazos actuales y la interrupción de las sesiones parlamentarias durante los meses de julio y agosto, resulta cada vez más difícil que la ley pueda aplicarse en enero de 2026, como se había previsto al principio. La falta de certeza sigue siendo un problema tanto en el ámbito político como en el laboral, mientras el Gobierno se enfrenta a una negociación clave para sacar adelante una de las principales promesas de Sumar