El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de un trabajador que se negó a realizar horas extra y que, además, había denunciado irregularidades laborales en su empresa. Esta sentencia es muy importante, porque viene a confirmar una vez más que la empresa no puede tomar represalias contra un trabajar por negarse a realizar horas extras o por reclamar derechos.
Siempre se dice que las empresas no quieren trabajadores “molestos”, aquellos que conocen sus derechos laborales y que en caso de incumplimiento por parte de la empresa no dudan en reclamarlos.
Este empleado que trabajaba como conductor de ambulancia desde 2021, fue despedido en septiembre de 2022, precisamente por negarse a realizar una jornada laboral que excedía los límites legales y tras haber realizado varias denuncias sobre incumplimientos de la empresa en materia de jornada laboral y el pago de horas extras.
El origen del conflicto
El problema surgió el 6 de julio de 2022, cuando el trabajador, después de una jornada de casi 12 horas, recibió la orden de realizar un nuevo servicio que le supondría al menos dos horas más de trabajo. Ante esta situación, se negó a continuar alegando que ya había superado el límite de su jornada laboral.
Este hecho generó un conflicto con la empresa, que registró la incidencia y, dos meses después, le abrió un expediente disciplinario que culminó con su despido el 27 de septiembre de 2022.
Un historial de reclamaciones laborales
El trabajador no solo se negó a trabajar más allá de su jornada establecida, sino que también había realizado varias reclamaciones tanto a la empresa como a la Inspección de Trabajo. Entre ellas:
- El 15 de junio de 2022, envió un correo a la empresa alertando sobre la mala gestión de los turnos, que obligaba a los trabajadores a superar el límite legal de 9 horas diarias.
- El 27 de junio de 2022, denunció telefónicamente ante la Inspección de Trabajo el incumplimiento empresarial en materia de jornada laboral.
- El 6 de julio de 2022, tras revisar su nómina, detectó que no se le habían abonado 28 horas extra y solicitó su corrección.
- En agosto y septiembre de 2022, insistió en sus denuncias tanto por correo electrónico como telefónicamente con la Inspectora de Trabajo.
El proceso judicial y el fallo del Tribunal Supremo
Tras su despido, el trabajador presentó la papeleta de conciliación, que es el paso previo antes de llegar a los tribunales. Como no hubo ningún acuerdo en el acto de mediación laboral, su caso termino ante el Juzgado de lo Social n.º 5 de Badajoz.
El juzgado de lo Social le dio la razón en parte, pues declaro el despido como improcedente, es decir, dictaminó que la empresa no tenía motivos para despedirle. Sin embargo, no concluyó que su despido se viera como una represalia por sus reclamaciones.
Por ello, el trabajador recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que confirmó el fallo en noviembre de 2023. Sin embargo, su insistencia lo llevó a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, alegando que su despido vulneraba la garantía de indemnidad, un derecho fundamental que protege a los trabajadores de represalias por reclamar sus derechos.
El Tribunal Supremo falló a su favor, declarando el despido nulo y ordenando su inmediata readmisión, además del pago de los salarios dejados de percibir (salarios de tramitación). También condenó a la empresa a indemnizar al trabajador con 6.000 euros por vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.
El Supremo en su sentencia 1359/2024 dejó claro que no había ninguna duda de que había indicios más que suficientes que podían evidenciar que la conducta empresarial del despido pretendía cortar de raíz las legítimas reclamaciones del trabajador, deshaciéndose de un supuesto trabajador «molesto y reivindicativo».
Un precedente en la defensa de los derechos laborales
La sentencia deja claro que un trabajador no puede ser sancionado ni despedido por reclamar sus derechos o denunciar irregularidades en su empresa.
La garantía de indemnidad es una herramienta clave para evitar que las empresas tomen represalias contra empleados que exigen condiciones laborales justas. En este sentido, el Tribunal Supremo ha reforzado la protección de los trabajadores frente a despidos injustificados y ha subrayado la importancia del cumplimiento de la normativa laboral.