Una empleada de una fábrica de conservas en Logroño ha tenido que acudir a la justicia para que se le reconozca su Incapacidad permanente tras el rechazo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La trabajadora, nacida en 1968, sufrió múltiples dolencias que incluían fibromialgia, lumbalgia recurrente, trocanteritis bilateral, cervicalgia y cefaleas, entre otras. También padecía trastornos psíquicos como estrés postraumático y un trastorno adaptativo mixto con síntomas ansioso-depresivos, afectando su capacidad de concentración y estado anímico.
La Seguridad Social consideraba las dolencias como leves y que no la incapacitaban permanentemente
Sin embargo, estas patologías no fueron consideradas como suficientes para la Seguridad Social para concederle la Incapacidad Permanente y que pudiera acceder a la pensión correspondiente.
Tras el rechazo de la Seguridad Social, la trabajadora decidió recurrir a la justicia y el 24 de junio de 2024, el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño emitió una sentencia a favor de la trabajadora, declarando su situación de incapacidad permanente total.
Esto le permitió acceder a una pensión vitalicia equivalente al 55% de su base reguladora, fijada en 1.055,30 euros mensuales. El fallo subrayó la falta de respuesta a los tratamientos y las limitaciones crónicas de la trabajadora, incompatibles con su trabajo habitual.
Recurso del INSS
El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social recurrieron la sentencia argumentando que las afecciones eran leves y no incapacitaban permanentemente a la trabajadora para desempeñar sus funciones. Sin embargo, el tribunal, como indica en su sentencia 154/2024, tras evaluar las evidencias y el prolongado historial de bajas médicas desde 2020, desestimó el recurso. Concluyó que las dolencias de la trabajadora, refractarias a tratamiento, implicaban una limitación funcional que hacía inviable su trabajo en el ámbito conservero, caracterizado por exigencias físicas y biomecánicas altas.
Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, confirma la sentencia original confirmando el derecho de la trabajadora a cobrar una pensión por incapacidad permanente total.