lunes 26 febrero 2024

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El Supremo anula una subvención de 30 millones a la patronal y a UGT por falta de justificación

Los jueces entiendes que a finales de 2022 la guerra de Ucrania o la pandemia no son razones suficientes para evitar una convocatoria pública para la subvención.

El Tribunal Supremo en un reciente fallo ha anulado el Real Decreto por el que otorgaba subvenciones directas a la CEOE, CEPYME y al sindicato UGT por valor de más de 30 millones de euros.

Se trata del Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, que regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo a través de fondos comunitarios “Next Generation”.

La razón por anular estas subvenciones ha sido la falta de justificación para eludir el procedimiento ordinario de convocatoria pública establecido por la Ley General de Subvenciones.

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La crisis del Covid-19 y la guerra de Ucrania como justificación

La sentencia del Tribunal Supremo señala que se utilizó como base la crisis del Covid-19 y la guerra de Ucrania como justificación para evitar la convocatoria pública. Sin embargo, los jueces entienden que ambas situaciones no constituían razones suficientes en un momento en el que las actividades ciudades ya se desenvolvían de manera ordinaria.

La sala de lo contencioso-administrativo destaca que ya había evaluado un Real Decreto anterior, de finales de 2020, que involucraba subvenciones similares a las mismas organizaciones. En ese momento, se aceptó la concesión directa debido a las circunstancias excepcionales asociadas a la pandemia de COVID-19 y las restricciones económicas. Sin embargo, el nuevo decreto de finales de 2022 no presentaba las mismas condiciones excepcionales, lo que llevó a la anulación por parte del Tribunal Supremo.

La sentencia también señala la ausencia de constancia sobre la acreditación de circunstancias que impidan la consulta pública previa y el trámite de información pública. Además, destaca la falta de evidencia que respalde la urgencia en la concesión de las subvenciones, según lo estipulado por el artículo 47 del Real Decreto-Ley 36/2020.

El Tribunal Supremo subraya la existencia de un informe de la Intervención Delegada que ya había señalado la falta de razones coherentes para evitar la convocatoria pública. El informe enfatiza que la urgencia no era justificable cuando ya se había utilizado la misma justificación dos años antes para circunstancias similares.

 

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