jueves 29 febrero 2024

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Un juez le quita la pensión de invalidez de casi 2.500 euros al considerar que ha simulado su enfermedad

El trabajador que sufrió un accidente en su trabajo iba a cobrar una pensión de casi 2.500 euros.

El Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián ha retirado el derecho a cobrar una pensión de invalidez permanente de la Seguridad Social a un trabajador que sufrió un accidente laboral.

El trabajador iba a cobrar una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora de 2.428,74 € al mes en 12 pagas.

Sin embargo, el juzgado ha determinado que simuló su enfermedad para obtener beneficios económicos de manera indebida, por lo que le retira el derecho a cobrar esta prestación.

Los motivos para anular la pensión vitalicia de invalidez absoluta

El 22 de diciembre de 2021, el hombre sufrió un accidente laboral al caer desde una mesa de una altura de 80 centímetros, provocando un supuesto golpe en el hombro derecho y en la cabeza. No obstante, el examen realizado seis días después del incidente (TAC craneal) reveló que no había lesiones significativas. A pesar de esto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció una invalidez permanente absoluta en marzo de 2023, concediéndole una pensión vitalicia del 100 % de la base reguladora, lo que supondría una pensión de invalidez de 2.428,74 euros mensuales. También se le reconoció una discapacidad por la Diputación de Gipuzkoa del 96% con una limitación de la movilidad del 78%.

Tal y como recoge la sentencia del 24 de enero de 2024, el juzgado desmonta esta aparente tragedia laboral al exponer que el hombre se negó a aceptar cualquier tratamiento y se limitó a ser diagnosticado solo mediante observación, sin exploración médica adecuada.

Además, el informe de una agencia de investigación contratada por la empresa reveló que el trabajador podía caminar ágilmente y comunicarse normalmente, contradiciendo las afirmaciones de una invalidez severa. Algo que demostró también el TAC craneal que se le realizó tan solo una semana después de aquel accidente.

Caso de fraude de Ley para obtener prestaciones

El magistrado califica este comportamiento como un «craso ejemplo de fraude de ley». Se sostiene que el individuo simuló una enfermedad para acceder a prestaciones sociales, que incluso se extendieron a su esposa, a la que se le reconoció una prestación económica para cuidados del entorno familiar y otras ayudas para la adquisición de diversos productos por parte de la Diputación guipuzcoana.

Estas prestaciones, superiores a 3.000 euros mensuales, representan un beneficio económico significativo, por lo que además de anular la resolución del INS, el juez a dado traslado al Ministerio Fiscal por si la conducta de este hombre puede ser constitutiva de algún ilícito penal y al Departamento de Servicios Sociales de la Diputación de Gipuzkoa para que revisen el grado de minusvalía reconocido a esta persona.

Por último, indicar que la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

Este caso, más allá de ser una historia individual, destaca la importancia de una evaluación exhaustiva en casos de invalidez. La simulación de enfermedades, como revela el juzgado, no solo afecta al sistema de pensiones, sino que también tiene consecuencias legales. La sociedad y las instituciones deben estar alerta ante posibles fraudes, garantizando la equidad en la distribución de beneficios y recursos.

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