La reunión entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las patronales para llegar a un acuerdo sobre los ERTEs no ha llegado a buen puerto y no parece que acerquen posturas.
La patronal y los sindicatos acudieron a la reunión con una propuesta conjunta para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo tal y como están actualmente contemplados en la legislación hasta el 30 de septiembre, como en un principio estaba fijado por el Gobierno en su propuesta inicial. Con esta medida, se daría una flexibilidad muy necesaria a las empresas para la reincorporación de sus trabajadores a medida que vayan recuperando su actividad.
Pero el Ministerio de Trabajo ha declinado la propuesta, ya que esta medida tendría un elevado coste para las carcas públicas muy mermadas con el gasto que ha supuesto la pandemia del coronavirus, por lo que desde el Ministerio se quiere introducir incentivos para que las empresas reincorporen a sus trabajadores y desincentivos para los que los mantengan en los ERTEs. Esto se ejecutaría por medio de las cotizaciones, bonificando la reincorporación y penalizando el mantenimiento de los ERTES, forzando a las empresas a volver a asumir el coste de sus plantillas que tenían antes del decreto del estado de alarma.
Esta medida propuesta por Trabajo, no es aceptada por los sindicatos y las patronales que ven fundamental mantener las ayudas de los ERTEs y sobre todo garantizar una flexibilidad para que las empresas no tengan que asumir unos costes salariales que no puedan soportar. Por eso han reclamado conjuntamente al Ministerio de Trabajo que realice un esfuerzo presupuestario para prorrogar los ERTE de fuerza mayor actuales.
El Gobierno nos ha respondido que está dispuesto a la prórroga de los ERTE, pero que en ningún caso contemplan la posibilidad de mantener la figura de los ERTE de fuerza mayor de carácter total y la exoneración que conlleva
Desde CCOO lamentan que no se haya cerrado un acuerdo, alegando que el Ministerio de Trabajo no quiere legislar sin el respaldo del diálogo social, pero el tiempo corre en contra, ya que los ERTE de fuerza mayor finalizarán el 30 de junio por lo que si no se llega a un acuerdo antes, muchas empresas se verán abocadas a asumir de golpe unos costes que no pueden asumir.
Los agentes sociales han tratado de convencer al Ministerio de Trabajo de que el fin de las restricciones a la movilidad no significa que las empresas no sigan sufriendo las consecuencias del estado de alarma y de la pandemia y muchas de ellas tardarán meses o incluso años en recuperar su volumen de negocio.
Trabajo pretende que las empresas que ya puedan reabrir con normalidad pasen del ERTE de fuerza mayor a los de causas objetivas ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de producción). Esto no convence a los sindicatos y patronales, ya que la diferencia entre los dos expedientes es considerable, los ERTE de fuerza mayor tienen importantes bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas y en el caso de los trabajadores no consume prestación por desempleo y además permite a estos recibir la prestación por desempleo aunque no cumplan los requisitos.
Tanto sindicatos como patronal están dispuestos a seguir negociando, pero no aceptarán que el Ejecutivo acabe con las ayudas a los ERTE de fuerza mayor, ya que consideran que afectaría gravemente a la supervivencia de las empresas y, por extensión, al empleo.
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