Este lunes 7 de marzo acaba el plazo para que las empresas que tengan más de 50 trabajadores incluyan un plan de igualdad laboral y salarial en su actividad. Este plan debe estar registrado ante el Ministerio de Trabajo, algo que, a pesar de las duras multas que impondrá el Gobierno, la gran mayoría de compañías incumplen.
De momento, según los datos en el registro de la autoridad laboral, solo tienen constancia de 4.673 planes registrados. Esto supone apenas el 15,6% de las empresas implicadas en todo el país están cumpliendo con la normativa. En España hay 29.994 empresas inscritas en la Seguridad Social con una plantilla de 50 o más trabajadores.
El objetivo de incluir un plan de igualdad en las empresas es eliminar cualquier obstáculo que impida la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
¿Qué debe tener el plan de igualdad?
Las empresas deben tener un registro salarios en el que se debe incluir los valores medios de los salarios, los complementos salarias y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos según la clasificación profesional.
También debe incluir una valoración los puestos de trabajo, de modo que se pueda determinar si el puesto está correctamente remunerado, no está dotado o privado de pluses sin justificar y todo ello no entraña discriminación por razón de género.
Por último, se debe incluir un diagnóstico general de la desigualdad por razón de género que hay dentro de la compañía y qué actuaciones realizará la empresa para reducirlas.
Sanciones por no tener un plan de igualdad
Las empresas que no cumplan con la normativa podrían llegar a incurrir en una «infracción muy grave» lo que suponen multas que van desde los 7.501 euros y los 180.000 euros. La Inspección de Trabajo está reforzando y ampliando sus actuaciones para detectar a las empresas que van en contra de los derechos de los trabajadores.
Este plan de igualdad no es «nuevo» pues las empresas con más de 100 trabajadores ya estaban obligados a tener dicho plan registrado en REGCON del Ministerio de Trabajo. Ahora a esta imposición del Gobierno se le suma las empresas «medianas».
