La polémica vuelve a rodear a las oposiciones de la Seguridad Social. Un colectivo de aspirantes al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social de la convocatoria de 2026 ha solicitado que no se adjudiquen las plazas hasta que se revisen las preguntas anuladas en la plantilla definitiva del examen y el Tribunal Calificador explique los criterios que llevaron a modificar la corrección inicial.
Según la nota de prensa del colectivo, la decisión puede tener un impacto directo en el resultado del proceso selectivo, ya que la anulación de la pregunta puede alterar la puntuación de los candidatos, modificar el orden de clasificación e incluso dejar fuera a aspirantes que, con la plantilla provisional, superaban el examen.
Una pregunta pasó de ser correcta a quedar anulada
La principal reclamación gira en torno a la pregunta 8 del supuesto práctico del modelo A verde. En la plantilla provisional, el Tribunal dio por válida la opción B. Sin embargo, en la plantilla definitiva publicada el 29 de julio esa misma pregunta apareció anulada, sin que se hiciera pública una explicación sobre el motivo del cambio.
Según el colectivo, la normativa vigente establece que, en el supuesto planteado, el aplazamiento de la deuda debía quedar íntegramente garantizado mediante aval bancario, una circunstancia que únicamente recogía la respuesta B. Además, aseguran que esa misma expresión figura en el material formativo elaborado por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la promoción interna.
Por ello, consideran que el Tribunal debería explicar si la pregunta se anuló por entender que existían varias respuestas válidas, porque ninguna era correcta o por cualquier otro motivo. A su juicio, esa motivación resulta imprescindible en un proceso del que depende el acceso al empleo público.
Los opositores cuestionan la falta de un criterio uniforme
Los aspirantes también critican que el Tribunal haya mantenido otras preguntas impugnadas por posibles errores normativos o por su redacción, mientras que decidió anular cuestiones que, según defienden, tenían una única respuesta correcta conforme a la legislación.
En su opinión, esta diferencia de criterios siembra dudas sobre la forma en la que se han corregido los exámenes y dificulta que los opositores comprendan cómo se han resuelto las reclamaciones presentadas durante el proceso.
Piden que no se adjudiquen las plazas hasta resolver las reclamaciones
Más allá de la revisión de las preguntas, el colectivo ha trasladado una serie de peticiones al Tribunal Calificador y al Ministerio. La principal es que no se consoliden las calificaciones ni se adjudiquen las plazas mientras las reclamaciones no hayan sido resueltas de forma expresa y motivada.
También solicitan que se publique la motivación técnica y jurídica de las anulaciones, que se facilite el acta en la que se adoptaron esas decisiones y que se dé acceso, con los datos personales protegidos, a las alegaciones que fueron estimadas para modificar la plantilla definitiva.
Además, reclaman que se haga pública la relación completa de preguntas impugnadas y el criterio seguido para estimar, desestimar, modificar o anular cada una de ellas.
Una decisión que puede cambiar quién consigue una plaza
Para los opositores, la anulación de estas preguntas va mucho más allá de una simple corrección del examen. El supuesto práctico consta de 15 preguntas y cualquier cambio en la plantilla puede modificar la nota de los aspirantes, alterar el orden de la clasificación e incluso decidir quién consigue una plaza y quién se queda fuera.
Además, quienes respondieron siguiendo la plantilla provisional no tenían motivos para recurrir esas preguntas, ya que en ese momento estaban consideradas correctas. Solo descubrieron el cambio con la publicación de la plantilla definitiva. Por ese motivo, el colectivo considera que los afectados han quedado en una situación de indefensión, al desconocer qué alegaciones llevaron al Tribunal a anular esas preguntas y no haber podido rebatirlas antes de que la decisión afectara a sus calificaciones.
El precedente de la convocatoria anterior
Los aspirantes recuerdan que el proceso selectivo celebrado en 2025 ya quedó marcado por irregularidades que actualmente están siendo examinadas en un procedimiento judicial por la vía penal.
Sin atribuir responsabilidades concretas ni prejuzgar los hechos investigados, consideran que esos antecedentes hacían especialmente necesario reforzar la transparencia y justificar cualquier decisión capaz de afectar a las calificaciones.
El colectivo estudiará la adopción de acciones administrativas y judiciales para defender los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público.