Los trabajadores de prisiones están más cerca de conseguir una de sus reivindicaciones históricas. PSOE, PP y PNV han alcanzado un acuerdo en la Comisión de Interior del Congreso para que los funcionarios penitenciarios sean reconocidos legalmente como agentes de la autoridad.
La medida llega después de años marcados por el aumento de agresiones en cárceles españolas y varios episodios especialmente graves contra empleados penitenciarios. Entre ellos, el asesinato de una trabajadora de cocina en la prisión de Mas d’Enric, en Tarragona, ocurrido en 2024.
El pacto permitirá modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria y comenzará ahora su tramitación parlamentaria. La propuesta ha sido impulsada durante años por el sindicato CSIF, que considera el acuerdo una “victoria” para el colectivo.
Más protección jurídica y económica para los trabajadores
El reconocimiento como agentes de la autoridad supone un cambio importante para miles de funcionarios y trabajadores penitenciarios en España.
Entre las principales novedades destaca que los informes realizados por los funcionarios tendrán presunción de veracidad, salvo que se demuestre lo contrario. Además, podrán recibir indemnizaciones por daños personales o materiales sufridos durante el servicio.
La reforma también contempla formación obligatoria específica y nuevas garantías de seguridad para el personal, incluido el laboral.
Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es la garantía de separación del resto de internos en caso de traslados o ingresos hospitalarios de los trabajadores penitenciarios.
Las agresiones en prisión aceleraron el acuerdo
El endurecimiento de la situación dentro de las cárceles ha sido uno de los factores clave para desbloquear el acuerdo político.
Según denuncia CSIF, en los últimos años se han producido agresiones múltiples y ataques protagonizados por internos conflictivos, radicalizados o con patologías psiquiátricas.
Uno de los casos más recientes ocurrió esta misma semana en la prisión de Ocaña I, en Toledo, donde cinco funcionarios resultaron heridos tras ser agredidos por un interno ingresado en el módulo de enfermería.
Los sindicatos llevan años reclamando que el personal penitenciario tenga una protección jurídica similar a la de policías u otros cuerpos que ya cuentan con la consideración de agentes de la autoridad.
La reforma aún debe superar la tramitación parlamentaria
Aunque el acuerdo entre PSOE, PP y PNV facilita la aprobación de la medida, la reforma todavía deberá superar varios pasos parlamentarios antes de entrar en vigor.
Tras el pacto alcanzado en la ponencia de la Comisión de Interior, el texto deberá ser ratificado y continuar posteriormente su recorrido en las Cortes.
Desde CSIF reclaman ahora acelerar los plazos para que el reconocimiento legal llegue “cuanto antes” y consideran que la medida puede mejorar tanto la seguridad de las plantillas como la autoridad efectiva dentro de los centros penitenciarios.