No todos los funcionarios empezarán a trabajar 35 horas a la vez. La Administración General del Estado prevé aplicar la nueva jornada en marzo de 2026, pero algunos colectivos tendrán que esperar un mes más.
La medida ya ha sido aprobada en comisión permanente, aunque todavía depende de un último trámite formal en la Mesa General para quedar plenamente activada.
Marzo será el punto de partida… con matices
La previsión es que la reducción desde las actuales 37,5 horas semanales hasta las 35 horas entre en vigor en marzo de 2026. Sin embargo, la reunión definitiva de la Mesa General aún no tiene fecha cerrada, por lo que el calendario depende de ese paso administrativo.
El cambio afectará a más de 240.000 empleados públicos de la Administración General del Estado.
Qué colectivos deberán esperar a abril
No todos los trabajadores incluidos en el ámbito estatal verán reducido su horario en marzo.
El personal de Instituciones Penitenciarias y el docente y sanitario de Ceuta y Melilla necesitan una regulación específica mediante instrucciones propias y pactos anuales. Por este motivo, la entrada en vigor para estos colectivos se prevé en abril de 2026, un mes después que el resto de la AGE.
A quién afecta la reducción de jornada
La medida se aplicará al personal destinado en:
- Ministerios
- Secretarías de Estado y subsecretarías
- Direcciones generales
- Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno
- Direcciones insulares
- Representaciones de la AGE en el exterior
Desde CSIF reclaman que la reducción tenga carácter de normativa básica y se extienda sin exclusiones a todo el personal del ámbito estatal.
Cómo se aplicará la reducción
Cada departamento adaptará su calendario laboral para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en la atención al público y en la organización de turnos.
En términos generales, quienes actualmente trabajan cinco días a la semana con una jornada de 37,5 horas reducirán media hora diaria para ajustarse al nuevo cómputo.
Qué deben tener en cuenta los empleados públicos
A día de hoy, la referencia oficial es marzo de 2026, salvo en los colectivos con regulación específica, que apuntan a abril. Hasta que la Mesa General dé el visto bueno definitivo, la jornada ordinaria seguirá siendo de 37,5 horas semanales.

