Este mes de noviembre el sindicado CSIF recurrió ante la Audiencia Nacional la jubilación forzosa de 186 trabajadores de Renfe, que el resto de sindicatos aceptaron. El acuerdo firmado en junio de 2024 permitía a la empresa aplicar la jubilación forzosa a empleados veteranos, con una media de 65 años.
Ahora, tal y como a adelantado EL MUNDO, Renfe ha tenido que paralizar su plan para jubilar a estos trabajadores debido a un informe de la Inspección de Trabajo, que concluye que esta medida equivale en realidad a un despido colectivo improcedente.
Lo que realmente ha pasado según la Inspección de Trabajo
Aunque Renfe no presentó formalmente un despido colectivo, la compañía sí comunicó la extinción de 186 contratos por jubilación forzosa. Sobre el papel parecía un mecanismo válido, pero la Inspección ha determinado que estas salidas obligatorias carecían de base legal.
El informe concluye que:
- La medida se adoptó en fraude de ley.
- No existía una causa justificable.
- El objetivo era apartar a trabajadores de mayor edad.
El Estatuto de los Trabajadores establece un procedimiento específico cuando una empresa quiere aplicar un despido colectivo. Debe justificar las causas, iniciar un periodo de consultas y comunicarlo a la autoridad laboral.
Lógicamente, nada de esto ocurrió porque Renfe optó por la fórmula de la jubilación forzosa, pero la Inspección señala que se utilizó como sustituto de un proceso de despido colectivo que no se llegó a iniciar. Al no cumplirse los requisitos legales, la medida se considera improcedente.
Renfe da marcha atrás
Tras conocer el criterio de la Inspección, Renfe ha decidido detener el plan antes de que la Audiencia Nacional dicte sentencia. Los 186 trabajadores están siendo notificados de su readmisión y la jubilación obligatoria prevista para diciembre queda anulada.
Fuentes sindicales recuerdan que muchos de los afectados llevaban más de 40 años en la empresa y advierten de que este acuerdo podría haber afectado en los próximos años a cerca de mil empleados más.