El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a los sindicatos y patronal alcanzan un acuerdo para reformar la ley de pensiones.
Este lunes 28 de junio, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social han alcanzado un principio de acuerdo con la patronal y los sindicatos sobre el primer paquete de reforma las pensiones, según fuentes sindicales.
Esta reforma que está prevista que entre en vigor a finales del presente año, supondrá la derogación de la reforma aprobada por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy en el año 2013.
En esta primera parte de la reforma en la que ya se ha alcanzado acuerdo se contemplan cuatro apartados fundamentales.
La derogación del factor de sostenibilidad. Este mecanismo de ajuste que fue introducido en el 2013 por el Gobierno del PP y que debería haber entrado en vigor en 2019, pero fue suspendido hasta 2023. El objetivo de esta medida era establecer el cómputo de las pensiones en relación con la esperanza de vida. Este sistema muy criticado por los representantes de los trabajadores, ya que penalizaba exclusivamente a los jubilados.
En su lugar, el Gobierno prepara una nueva fórmula correctora, que según las fuentes estará disponible en los próximos meses.
Revalorizar el IPC. Uno de los puntos acordados en el Pacto de Toledo, la revalorización de las pensiones que pueda garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, por tanto en enero de cada año las pensiones se revalorizarán lo mismo que haya subido el índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior. En el caso de que los precios hayan caído en lugar de subir, se mantendrán intactas, es decir, las pensiones solo pueden subir, pero nunca bajar con el IPC.
Retrasar la edad de jubilación y promover la jubilación activa.
El objetivo principal de esta reforma es alinear la edad legal de jubilación con la edad efectiva, ya que es uno de los compromisos adquiridos con Bruselas, ya que el nivel de población activa en España es menor al de la Unión Europea.
Para ello apuesta por mejorar los actuales incentivos al retraso de la jubilación. Este incentivo podría llegar en forma de pago único que puede llegar hasta los 12.060,12 euros, exoneración de cuotas para trabajador y para empresas o bien elevar la pensión en un 4% en todos los casos por cada año de demora.
La jubilación parcial también es un punto clave en esta reforma. El Gobierno quiere promover la jubilación activa, la cual permite a los trabajadores jubilarse, pero seguir trabajando, siempre que no sea a jornada completa.
Por último otro punto clave, es trasladar el déficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado. El ministro Escrivá quiere eliminar los denominados «gastos impropios» de la Seguridad Social, por lo que se recomienda sustraer casi 23.000 millones del déficit de la Seguridad Social del denominado gasto no contributivo impropio hasta 2023.